Mientras que las organizaciones sociales consideran que la inseguridad está alcanzando cifras «alarmantes», para el Ministerio de Gobernación resulta «alentador» que el número de muertes violentas llegue a 14 diarias. Dos visiones distintas se perciben de la situación que para algunos es un drama y para otros, una simple estadí­stica.

El domingo 24 de octubre los cuerpos de socorro encontraron a cinco personas muertas en la entrada a la aldea Gí¼iscoyol, Iztapa, Escuintla, entre los fallecidos se encontraba una niña de aproximadamente dos años.

Los familiares de las ví­ctimas estaban conmocionadas por el hallazgo, pero no eran las únicas que pasaban un mal momento: a tan sólo tres kilómetros fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres que habí­an sido ultimados a balazos, y momentos después, sus familias lloraban por lo ocurrido.

Esas historias se pueden repetir hasta 17 veces diarias, así­ como también se multiplica el dolor de las personas que pierden a un ser querido, como consecuencia del clima de inseguridad que prevalece en el paí­s.

Pero lejos del dolor y el llanto, existe otra percepción de la inseguridad, más frí­a y cuadrada, que se refiere a las cifras con que a diario se mide la violencia y son manejadas por el Ministerio de Gobernación.

El Ministerio de Gobernación (Mingob), por su parte, admite que la estadí­stica de muertes violentas no son exitosas, pero si alentadoras, pues se estima que hay una baja de 18 a 14 muertes diarias, aunque cada semana pueden variar las estadí­sticas.

«El Ministro lo ha indicado en reiteradas ocasiones, los números que nosotros tenemos, si bien es cierto no son exitosos, son alentadores, porque de una tasa promedio de 18 muertes diarias ha ido bajando a 16 y en agosto y septiembre hubo un promedio de 14», afirmó el vocero del Mingob, Nery Morales.

Según el funcionario, los operativos de despistolización han ayudado a contrarrestar los delitos contra la vida, pues varios de los asesinatos son provocados por arma de fuego.

«Afortunadamente los operativos, sobre todo de despistolización han ido ayudando a que esto por lo menos; si bien es cierto, no ha sido una baja sustancial, por lo menos ya no aumente», opina.

LAMENTABLE

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), sobre el alto í­ndice de asesinatos que se suscitan en el paí­s, lamentó que la violencia continúe siendo un factor determinante que enluta a las familias guatemaltecas, y se analice el fenómeno de la inseguridad como una cuestión estadí­stica.

Esto, porque además de las «cifras de muertos», también existe dolor y la necesidad de justicia en centenares de personas que cada mes pierden a familiares y seres queridos, a los que no pueden contar únicamente como una estadí­stica oficial de violencia.

Rodenas opina que, aunque se han implementado algunas medidas por parte de las fuerzas de seguridad -como los operativos combinados-, todaví­a no se perciben los resultados esperados en materia de seguridad.

«Creemos que las propuestas que han hecho las fuerzas de seguridad desde hace bastante tiempo, en el sentido de buscar operativos combinados y la aplicación de otro tipo de acciones, no han tenido ningún resultado. Habrí­a que revisar qué polí­tica se está implementando y si realmente se está haciendo efectiva», indicó.

Según Rodenas, el Gobierno tuvo la oportunidad de fortalecer la justicia y la seguridad, por medio del Acuerdo Nacional para el Avance en Seguridad y Justicia, sin embargo dejó la propuesta a un lado.

«El gobierno tuvo en sus manos una buena posibilidad con el Acuerdo Nacional para el Avance en Seguridad y Justicia, que buscaba de alguna forma mejorar el trabajo de las instituciones del Estado, sin embargo, fue dejado por un lado. Por lo tanto creemos que esa buena propuesta, que significaba fortalecer la justicia y la seguridad, fue realmente una forma de saber que no hay interés profundo de tratar de mejorar la situación de inseguridad en nuestro paí­s», indica.

El representante de la ODHAG hizo un llamado al Gobierno, para retomar el tema del Acuerdo para el Avance la Seguridad y Justicia, coordinar polí­ticas de prevención del delito con otras instituciones y abstenerse de efectuar acciones represivas, de las que podrí­an surgir más complicaciones en materia se seguridad.

SIN RESPUESTAS

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) considera «alarmantes» los altos í­ndices de violencia que aquejan a los ciudadanos, sobre todo porque Guatemala se encuentra a un año de elegir a su próximo Presidente y al gobierno actual se le termina el tiempo para dar solución a la problemática de seguridad, como lo habí­a ofrecido en la pasada campaña electoral.

Un informe de la institución destaca que los factores que influyen en el alto í­ndice de muertes violentas son los constantes cambios de Ministros de Gobernación, la poca voluntad y la improvisación para atender el problema.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), lamenta la inseguridad y las muertes en todos los rincones del paí­s, al mismo tiempo agrega que este tema es una de las materias pendientes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Desde el 2008 se han nombrado a cinco diferentes ministros al frente de la cartera del Interior, al tiempo que se han realizado sustituciones en la cúpula de la Policí­a Nacional Civil que han complicado dar seguimiento a los lineamientos en materia de seguridad.

«El tema de la seguridad como lo hemos insistido es una materia pendiente. Han muerto tantas personas en el paí­s en este perí­odo de gobierno, que realmente ya se pierde a veces, la magnitud del impacto de las muertes. No hay seguridad en restaurantes, en centros comerciales, en la calle, en ningún lugar», indica la congresista.

Montenegro dice que la falta de acción del gobierno no ha permitido que la situación mejore, es por eso, que debe haber cambios y reformas importantes, para transformar los lineamientos oficiales en polí­ticas y proyectos de Estado para la seguridad nacional.

«El gobierno no ha querido ejercer la represión legal que como Estado le corresponde contra aquellas personas que han atentado contra la vida de otras, yo creo que hay que hacer reformas profundas al Código Procesal Penal: capacitar realmente a la policí­a y dotarla de más armamento», señaló

«Por eso es muy importante la Ley de Extinción de Dominio, para que todas esas propiedades mal habidas pasen a propiedad del Organismo Judicial y la PNC; y entrar a depurar la PNC y otros organismos del Estado donde las mafias están imperando, porque esto es casi una guerra de grupos de mafiosos que lamentablemente matan a personas inocentes», puntualizó Montenegro.