Hace 24 años, el 31 de mayo de 1985, a un costo de Q1 mil 200 millones quedó aprobada la Constitución Política de la República de Guatemala, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente reunida después de una larga ruta de gobiernos militares posteriores a la Revolución de octubre de 1944.
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La historia de 1985 marca que 82 parlamentarios de distintos partidos políticos devengaron un salario de Q15 mil al mes, y aunque el trabajo había terminado, lograron prolongar el cobro durante ocho meses más hasta la entrada en vigencia de la Carta Magna el 14 de enero de 1986. Elevado costo del contribuyente de la época únicamente para ver el nacimiento de una democracia todavía cuestionada.
Mientras que en relación a la Constitución que le precedió, durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1945, 50 diputados con salario de Q200 elaboraron un texto constitucional que apenas costó un millón 200 mil quetzales y para la elaboración, discusión y aprobación tardaron solo cinco meses.