Los abogados Erick Miguel Castillo López y Ana Patricia Pérez Jacobo seguí­an la lucha contracorriente para evitar que el Congreso de la República de Guatemala elija esta tarde un nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Este martes, el aspirante Castillo López exigió ante la Corte de Constitucionalidad «cumplimiento de lo resuelto en el auto de veintisiete de agosto de dos mil nueve», según el documento entregado por él a esa instancia y luego mostrado.

Mientras Pérez Jacobo esperaba la resolución de la Corte de Constitucionalidad -debido a que también ella solicitó ampliación de la resolución de la misma fecha-, el sábado anterior, cuando la Comisión de Postulación definió la terna que puso en manos del Congreso ese mismo dí­a.

El abogado Castillo López, así­ como su colega Pérez Jacobo, siguen pidiendo a los magistrados constitucionales que se proceda al cumplimiento del amparo provisional y se ordene un nuevo proceso de selección de aspirantes.

DEBIí“ SER

La orden legal girada a la Comisión de Postulación del IDPP debió tener un efecto distinto, porque no elaboraron el listado de quienes cumplieron requisitos, tampoco se publicó ni se procedió al examen de los aspirantes como manda la ley, asegura Castillo López.

«Ese acto administrativo de elaborar el listado nos sitúa dentro del contexto de repetir nuevamente el proceso para que entonces este sea público, objetivo, se transparente», reiteró el abogado.

Insistió que el fallo otorgado por la CC confirmó que el Consejo ahora constituido en Comisión de Postulación cometió vicios e interpretó indebidamente la ley.

Mientras tanto si el pleno en el Congreso decidiera elegir al sustituto o confirmación de Blanca Stalling, «entonces estarí­amos ante la elección de un nuevo director totalmente viciada donde no se ha cumplido con la ley y el precedente que estarí­amos legando a nuestras generaciones es que no se puede confiar en el sistema», enfatizó Castillo.

Si termina el dí­a con una decisión distinta por parte de los congresistas o el silencio de la Corte de Constitucionalidad, si no se cumpliera con esa finalidad que buscan estarí­an frente a un amparo inútil porque se otorgó el amparo pero los efectos son distintos, explicó el abogado.

Nineth Montenegro, respaldó que el efecto en el pleno deberí­a ser que no se haga ninguna elección mientras no se resuelve la petición planteada nuevamente.