La promesa de realizar incansables esfuerzos para acabar con la violencia e impunidad, que hace más de tres meses hicieron los representantes del Estado durante la firma del acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, se desvanece ante la mirada desesperada de una sociedad devastada por la crisis de inseguridad que afecta a todo el paí­s.

Escuchó con atención todas las intervenciones y esperó su turno para hablar. El Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, llegó hasta el pódium y de forma sorprendente cambió el discurso esperanzador de los altos funcionarios de Gobierno por uno más realista y alarmante sobre la situación de inseguridad.

«La seguridad no es tarea de todos», y solo compete al Estado trabajar para ofrecer a la sociedad las garantí­as que resguardan su vida y derechos fundamentales, dijo Morales, el 15 de abril pasado, en el acto de la firma del acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia.

Desde ese dí­a, el Magistrado de Conciencia dejó ver que el Grupo Garante de acuerdos (G4), que integra junto con la Universidad de San Carlos y las iglesias Católica y Evangélica, asumirí­a una postura crí­tica y observante de los compromisos para verificar el cumplimiento de estos por parte del Estado.

El G4 se convirtió en una entidad con la que algunos miembros del Gobierno consideran tener una relación «tensa» y otros de «mucha presión», aunque a luz pública no deja de ser polémica, por sus amenazas de abandonar el acuerdo o bien por criticar las acciones ya emprendidas por el Ejecutivo.

Las discusiones entre el G4 y los representantes del Estado sobre cuestiones polí­ticas han llegado al punto, incluso, de dejar en la sombra los aspectos técnicos y operativos de la seguridad y justicia, que en buena medida ha merecido crí­ticas por la sociedad.

¿AVANCES?

Francisco Jiménez, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, máximo rector en la materia, señala que a pesar del importante diálogo polí­tico con la sociedad y el G4, el Estado ha realizado esfuerzos para empezar a dar cumplimiento a los 101 acuerdos de seguridad y justicia.

La creación de juzgados de competencia ampliada, el trabajo en el sistema nacional de seguridad y los primeros pasos en la polí­tica nacional de seguridad se cuentan entre los logros ya cosechados, aunque todaví­a hay compromisos en los que no se ha empezado a trabajar, refiere el funcionario.

Jiménez habí­a mencionado que se necesita el rediseño de la Policí­a Nacional Civil, la reforma del Sistema Penitenciario, reforzar la investigación dentro de las fuerzas de seguridad y la Fiscalí­a, el control de las armas, la regulación de las empresas privadas de seguridad, fomentar la cultura de denuncia y comunicación entre la población con sus instituciones de seguridad.

FISCALIZACIí“N

Morales sostiene que el G4 seguirá jugando un papel fiscalizador de los acuerdos, para lo cual espera tener un papel activo en la verificación del cumplimiento y en la construcción de propuestas en seguridad.

Muestra de ello es que el Grupo Garante consiguió la participación de un actor social dentro de la Comisión para la Refundación de la Policí­a Nacional Civil y actualmente participa en la labor de diálogo con el Estado para la reconfiguración de una hoja de ruta.

Carmen Rosa de León Escribano, directiva del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), considera que lejos del diálogo polí­tico, tanto los representantes del Estado y el G4 deberí­an asumir una postura de trabajo enfocada al cumplimiento de los acuerdos de seguridad y justicia, como la población lo ha demandado en repetidas oportunidades.

De León Escribano recomendó la participación amplia de la sociedad civil en el cumplimiento, por medio de la propuesta de instituciones civiles especializadas en aspectos de seguridad.

Lejos de convertirse en una polémica de carácter polí­tico entre instituciones de la sociedad civil y el Estado, analistas como la directiva del CAS confí­an en que el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia debe enfocarse en el combate a la violencia e impunidad por los sectores oficiales con el acompañamiento de la sociedad.