Se ha desatado una crisis de abuso de poder, nuevamente de parte de la Corte de (In) Constitucionalidad (CC), que moviliza actualmente a la sociedad civil, los organismos competentes, la solidaridad internacional y la comunidad internacional. La actuación de la CC se ha llamado “golpe de estado a la justicia” y es una muestra de ignorancia o de arrogancia. Sólo es posible una solución: la CC debe afirmar, clara y firmemente, que, con base en el artículo 251 de la Constitución, la Fiscal General deberá permanecer en su cargo hasta noviembre de 2014.
Es aconsejable dejar en claro, igualmente, que puede ser candidata para un nuevo período. El problema es más profundo todavía: la necesidad de romper el muro de impunidad que protege a genocidas, violadores de derechos humanos, criminales, sicarios y corruptos y que hace que menos del 1% de los crímenes mortales lleguen a los tribunales y reciban sanción. Solamente el trabajo combinado de la CICIG y la Fiscal General, por un período sostenido de tiempo, puede evitar que lleguemos a Estado fallido, incapaz de impartir justicia. Para ello, la continuidad de Claudia Paz y Paz en su puesto es obligada. La depuración interna, la capacitación idónea de su personal y la valentía para actuar contra sectores poderosos le dan los argumentos necesarios para continuar hasta el 2018, cuando un nuevo gobierno haya retomado la lucha vigorosa contra el crimen y la impunidad.
Parte del actual problema irresoluble de falta de justicia es que quienes respaldan la impunidad, de palabra y de hecho, han encontrado en la CC el instrumento adecuado para poner cerrojo a las demandas de verdad y justicia. Principal agraciado con este respaldo ha sido Ríos Montt, a lo largo de muchos años: la CC ha impedido los intentos por obtener su testimonio en juicios abiertos en tribunales internacionales, le permitió ser candidato presidencial pese a la prohibición constitucional existente y ha dejado sin efecto la condena de 80 años de prisión por el genocidio contra el pueblo Ixil durante el conflicto armado interno. Pero no ha sido el único beneficiario de la incondicionalidad de la CC con los sectores de poder. Siempre que un caso o una propuesta de ley pasa a su consideración, la sentencia se da a favor de los poderosos, aunque haya que pisotear la Constitución, y en contra de las mayorías de nuestro pueblo.
Por esta razón, me sumo a los planteamientos hechos por diversas organizaciones y personas para pedir que los miembros actuales de la CC renuncien de inmediato, unos por responsabilidad en las maniobras politiqueras y otros por dignidad, luego de dejar resuelto adecuadamente el problema creado por la propia CC. Pero voy más lejos, estoy totalmente de acuerdo con la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) en su comunicado del día 10 de febrero, cuando dice: “Con relación a la Corte de (In) Constitucionalidad, deberíamos proceder de la manera siguiente… recolectar 50 mil firmas para pedir al Congreso que convoque a un referendo para eliminar la CC de la Constitución. Hemos llegado al límite de nuestra tolerancia. Es tiempo de actuar”. Estoy seguro de que los ciudadanos y ciudadanas de Nebaj, que fueron obligados a reelegir a su alcalde; los cientos de miles de habitantes en las zonas rurales que luchan contra la minería y el despojo de sus tierras y recursos; las y los estudiantes conscientes que defienden la autonomía universitaria; las víctimas del conflicto armado y sus familiares; los miles de migrantes preocupados con el deterioro acelerado de nuestro país; así como quienes defenderemos siempre los derechos humanos y las libertades fundamentales estamos dispuestos a poner nuestra firma y emitir nuestro voto para limpiar la Constitución de candados, doctrina de seguridad nacional, antidemocracia y la CC.