La primera está contenida en un E mail que recibí­ de mi estimada amiga la Magí­ster Ena Virginia Porras Bravo, Directora del Area Internacional y Humaní­stica de la Facultad de Ciencias Jurí­dicas y Sociales de la Universidad Rafael Landí­var, URL, sobre que esa casa de estudios hará historia al ser la primera en Guatemala en obtener una certificación que acredita la calidad académica de la carrera de Derecho, de acuerdo a estándares internacionales.

La acreditación internacional de las carreras es un proceso que han utilizado las mejores universidades del mundo para asegurar la eficiencia y calidad de la educación superior. Virginia, dice que para el caso de la carrera de Derecho en la URL, este proceso se inició en septiembre del año 2008, dentro del cual la Facultad fue sometida a una rigurosa evaluación en toda su actividad administrativa y académica.

Este proceso finalizará exitosamente con la entrega mañana jueves a las 18 horas en el Auditórium del Cámpus Central de la Universidad del certificado por parte de la entidad acreditadora internacional, Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, CONAED, con sede en México.

La segunda buena noticia, es la resolución que emitió ayer el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil otorgando un amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, PDH, Sergio Morales Alvarado, en la cual ordena que el Sistema Transurbano debe abstenerse de solicitar información personal para extender la tarjeta prepago a los interesados en la utilización de ese futuro servicio de transporte público.

En forma muy oportuna, el Magistrado de Conciencia acudió a los tribunales para proteger los derechos de las personas que estaban siendo violados por los empresarios de ese sistema, al exigir para la entrega de la tarjeta prepago fotocopia de la cédula de vecindad o DPI, y de un recibo del agua, luz o teléfono, además de una serie de datos personales muy sensibles como dirección y número de teléfono de casa, trabajo, celular, número de pasaporte y de Identificación Tributaria, NIT.

También han requerido otros datos como los nombres, dirección y teléfono de los padres y cónyuge, así­ como la firma de un engañoso contrato de servicios bajo la modalidad de adhesión, cuyos alcances jurí­dicos se han ocultado a los ciudadanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene razón al señalar que esos datos podrí­an ser utilizados con fines polí­ticos e inclusive ilegales. El PDH merece una calurosa felicitación por la firmeza de su actuación en este caso tan delicado.