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Según los voceros gubernamentales, la rebelión estalló a raíz de quejas de los reclusos sobre la mala calidad de la comida en la institución, dedicada a la rehabilitación de delincuentes menos peligrosos.

La Secretaría de Resocialización del estado (Seres) sostuvo sin embargo que no se trató de un motín, sino solamente de «un tumulto», que fue controlado por los propios agentes carcelarios, antes aún de la ocupación del penal por efectivos del Batallón de Choque de la policía militarizada.

Esa versión, sin embargo, fue puesta en duda por el representante del Ministerio Público Marcelus Ugiette, quien, tras entrevistar a un centenar de reclusos, anunció la apertura de una investigación sobre el caso.

«Fue sin duda una rebelión, y grave», afirmó Uglete, quien señaló que el motín involucró a un 60 por ciento de los presos en la institución, y que hay versiones según las cuales las dos víctimas fatales resultaron de disparos hechos por la policía militarizada.

«Vamos a investigar cuál es la situación allí, el tema del respeto a los derechos y de la dignidad», dijo el fiscal, quien recordó que la propia gobernación admitió que el penal, construido para recibir a 650 presos, alberga actualmente a 1.870, casi el triple de su capacidad.

La dramática situación de los más de 500.000 presos brasileños llamó este año la atención del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, después de que se revelara que 63 reclusos han sido asesinados desde 2013 en el complejo penal de Pedrinhas, en el norteño estado de Maranhao.

En un documento divulgado el 8 de enero pasado, el organismo de la ONU pidió a las autoridades brasileñas una investigación «inmediata, imparcial y efectiva» sobre el tema.

Según un estudio divulgado en enero por el diario «Folha de Sao Paulo», a lo largo del año pasado al menos 218 presos han sido asesinados en Brasil, lo que supone un promedio de una muerte cada dos días.