El Congreso, en una jornada maratónica, aprobó entre la noche del martes y ayer dos leyes para combatir al crimen organizado a solicitud de la Comisión contra la impunidad de Naciones Unidas, la CICIG.

Consideradas por organizaciones sociales como vitales para combatir el crimen y fortalecer la justicia, el Parlamento aprobó con meses de retraso las reformas a la Ley contra la Delincuencia organizada y aprobó la Ley de Competencia Penal en procesos de mayor riesgo.

Ambas siguieron el trámite denominado «de urgencia nacional» (una sola lectura) y obtuvieron el voto afirmativo de la inmensa mayorí­a de los 158 diputados que integran la cámara.

Para la directora de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, la decisión del Congreso es positiva, toda vez que le está generando herramientas a los administradores de justicia para combatir la impunidad, que alcanza el 98% de los casos, según las Naciones Unidas.

«El enfoque se debe dar en que se tienen que mejorar las capacidades y con estas decisiones se están sentando las bases para seguir trabajando» contra el crimen organizado y la lucha contra la impunidad, dijo la activista.

Hernández consideró que esas bases serán fundamentales para el futuro «porque la CICIG no va a estar siempre con nosotros. En estos momentos y en las condiciones actuales sí­ es fundamental (la presencia de la entidad), pero no será para siempre», insistió.

El mandato de la CICIG termina en septiembre de 2011, luego de la ampliación por dos años más del ente internacional, que apoya a las autoridades guatemaltecas a erradicar la impunidad y desarticular los aparatos paralelos que se han incrustado en el Estado para delinquir.

Entre tanto, el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), Mario Minera, se congratuló por la decisión de los diputados al considerar que la Ley de Competencia Penal también conocerá «casos de impacto» que se dieron durante los 36 años de guerra civil (1960-1996), como el genocidio.

«Estas herramientas no sólo van a ayudar a la fiscalí­a especial como lo es la CICIG, sino que también fortalecerá a las Fiscalí­as de delitos contra la vida y la de Derechos Humanos, que es la que lleva los casos de genocidio», indicó el activista humanitario.

Entre las reformas a la Ley contra la delincuencia organizada se establece la potestad de los fiscales de negociar con imputados la suspensión de procesos, rebaja de penas o libertad condicional, a cambio de que cooperen con las autoridades en la persecución del crimen organizado.