La mayoría de guatemaltecos al ejercer sufragio, decidió delegar el poder en el ciudadano ílvaro Colom Caballeros para que durante el período 2008-2012 ejecutara el mandato popular. Sin embargo, el Presidente ha resignado buena parte de ese mandato porque decidió cogobernar con su esposa y es ella quien toma muchas de las decisiones importantes, razón por la cual no es extraño que ministros pusilánimes entreguen los fondos destinados a cumplir con la obligación de sus carteras para que engrosen las cuentas destinadas a financiar la campaña política del oficialismo.
Porque la verdad monda y lironda es que los programas de Cohesión Social no buscan otra cosa que la promoción política de la señora de Colom y por lo tanto los ministros tienen que ponerse de culumbrón para atender las exigencias. Triste papel en realidad el que está desempeñando quien fue electo por los guatemaltecos para cumplir con un mandato derivado de las urnas que hacía énfasis en que la violencia había que combatirla con inteligencia, pero que resultó como el juego de dados, con Champerico, porque todo lo han hecho justamente al revés de lo establecido.
No pueden disponer de un verdadero experto en Finanzas porque lo que necesitan es alguien sumiso que acepte sin chistar las más extrañas instrucciones. Jamás podrán tener un buen ministro de Gobernación que conozca del tema de seguridad, porque alguien así no estaría dispuesto a que los escasos fondos asignados a su cartera terminen siendo transferidos por orden de quien no tiene ningún mandato. Y el criterio vale para cualquiera de los ministerios de Estado, toda vez que antes que la eficiencia y capacidad está el sometimiento sin discusión a las instrucciones precisas que vienen ya no del Presidente de la República, quien asumió el papel de marinero, sino de la capitana del barco.
La noticia de una nueva transferencia de fondos del Ministerio de Gobernación es algo que indigna porque el Gobierno sigue culpando a los gobiernos anteriores de los problemas existentes, pero resulta que el poco recurso disponible para realizar una lucha contra la delincuencia es dilapidado en programas que no se manejan con la transparencia que sería indispensable. Lo peor es que en cualquier circunstancia sería intolerable que se extraiga dinero de los fondos asignados a la seguridad pública para cualquier otro fin, toda vez que la población está sin protección frente a la violencia y no hay consuelo porque no existen ni planes de prevención ni acciones para castigar a los delincuentes con apego a la ley.
Pero como donde manda capitán no manda marinero, no nos queda más que apechugar y seguir confiando en la protección de Dios.