En medio de un clima de inseguridad y violencia los terrenos baldíos y los ríos de aguas negras se han convertido en los depósitos de cadáveres de las bandas delincuenciales dedicadas al secuestro y sicariato, lo que a criterio de defensores de derechos humanos denigra una de las facultades más importantes de los seres humanos: «la vida».
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Los cuerpos de socorro constantemente recogen cadáveres de hombres y mujeres abandonados en la vía pública. Las zonas donde ocurren más hallazgos son los terrenos baldíos ubicados en el barrio Colombia, zona 18, el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco, San Cristóbal, zona 8; bulevar El Caminero y Río Las Vacas, en la zona 6.
Carlos Pérez, de Bomberos Municipales, afirma que cuando se dan estos casos, muchas veces las personas aparecen mutiladas; la edad y el género es indiferente a esta situación, añade el socorrista.
Según un trabajador de la Municipalidad, que labora en las cercanías del Río Las Vacas, en ese lugar aparecen frecuentemente los cuerpos sin vida de personas que son abandonados en horas de la tarde o noche. Casi siempre las aguas negras los arrastran hasta ese punto, sostiene.
Un hecho que evidencia esta situación son los llamados que reciben, constantemente las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro, de vecinos que encuentran cadáveres en áreas cercanas a sus residencias.
INVESTIGACIí“N
En respuesta a esta situación, el jefe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), Jerónimo Alvarado, indica que ven con preocupación la violencia, por lo que esa instancia ha asumido un papel investigativo y ha logrado reducir la tasa de homicidios a siete, cuando hace dos meses se reportaba la muerte de 17 personas diarias.
Alvarado afirma que el número de muertes varían, pero consideran que logaron rebajar más de la mitad de asesinatos en los primeros meses desde que asumió el cargo en la DEIC.
El investigador indica que la Ley de Armas y Municiones ha sido una herramienta útil que les permite capturar a aquellos que portan estos artefactos ilegalmente y que muchas veces están a punto de concretar algún crimen.
Además, considera que la situación mejorará en los próximos meses con la acción de la Unidad de Delitos contra la Vida de la DEIC, que trabajará en conjunto con el Ministerio Público con el fin de resolver los crímenes y asesinatos de los ciudadanos guatemaltecos.
Aunque desde hace algunos meses se tenía prevista la inauguración de este módulo, se cree que para noviembre iniciará su funcionamiento, pues el atraso en el traslado de equipo ha sido el impedimento, indica.
El jefe policial afirma que el módulo será integrado por policías recién graduados y expertos, quienes contarán con el apoyo de la Cooperación Española.
Agrega que los resultados en la disminución de asesinatos «ya se están viendo», sin embargo, a criterio de Yoc, podría existir un subregistro en ello. Para citar un ejemplo, en el mes de septiembre murieron más de 20 personas, entre ellas una familia en Jalapa, que fue atacada con una bomba, afirma; además, los asesinatos contra pilotos, el sector femenino, la niñez, la juventud y los adultos mayores no se detienen, afirma.
Por ello es importante que el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) asuman su papel con responsabilidad, concluye.
Para Rolando Yoc, director de Incidencia en Políticas Públicas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), es preocupante el hecho de que una vida humana termine a causa de la violencia y se pierda el respeto a la vida pero provoca mayor consternación que los ciudadanos estén acostumbrados a este tipo de situaciones.
«Estamos en una etapa de antivalores, hay más sensibilidad por la muerte de un animal, que por la de una persona, esto sólo demuestra el efecto de descomposición que vivimos», indica el profesional.
A criterio del representante de la PDH, el 98 por ciento de los casos de criminalidad no son investigados por los entes de justicia, pues de ello tan sólo el 2 por ciento es castigado o sancionado en los tribunales.
Yoc hace un llamado a la sociedad a sumarse a la fiscalización y auditoría de dichos casos, que enlutan a cientos de familias guatemaltecas, en tanto que sólo cuando «uno pierde a un ser querido reflexiona sobre el papel que debe jugar para exigir justicia».