El 21 de junio de 1980, 28 integrantes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) fueron desaparecidos por agentes del Estado. Hoy, 27 años después del hecho, ninguno de sus cuerpos ha sido recuperado por sus familiares. Sus compañeros y compañeras de trabajo insisten en que sufrieron la tortura, violación y ejecución por parte del gobierno militar de turno.

A diez años de los Acuerdos de Paz, diversas organizaciones de derechos humanos lograron hacer eco de las denuncias planteadas durante varias décadas y finalmente, para la ocasión, se conmemora el Dí­a Nacional contra la Desaparición Forzada.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el Informe «Guatemala Nunca Más», alrededor de 50 mil personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. El CEH estima que el 97% de los casos fueron realizados por elementos del Estado y alcanzaron cifras récord durante los gobiernos de Romeo Lucas Garcí­a y Efraí­n Rí­os Montt.

En Uruguay, donde también se reportaron cientos de violaciones a los derechos humanos con firma castrense, el presidente Tabaré Vásquez, asistió a un acto multitudinario para conmemorar el dí­a «Nunca Más», destinado a reivindicar a las ví­ctimas de la dictadura y a establecer el compromiso de la reconciliación.

En nuestro paí­s, las cosas van muy diferentes. En Argentina y Uruguay, que también sufrieron de la represión militar, los gobiernos han impulsado el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y, pala en mano, lograron localizar varias fosas comunes que los militares prepararon para esconder a sus ví­ctimas.

El presidente í“scar Berger no asistirá a ninguna actividad relacionada con el tema. No es que su agenda se haya complicado. Nuestro mandatario responde a un plan de olvido e impunidad establecido contra las ví­ctimas de las masacres, ejecuciones, violaciones, desapariciones y asesinatos cometidos por el Ejército.

Desde diferentes puntos se acusa a los militares por los golpes contra el movimiento sindical, campesino, estudiantil e intelectual que amenazaban los intereses del sector empresarial, pero la reparación se ha limitado a un cheque por 20 mil quetzales sin ningún proceso judicial concluido.

Los planes represivos lograron su objetivo. La cultura del miedo ha persistido con la impunidad. Hoy todaví­a se busca la indeferencia de la población por los asuntos polí­ticos. Varias estrategias, como la desaparición forzada, fueron utilizadas por el sector poderoso del paí­s para callar nuestras bocas y para obligarnos a inclinar la cabeza.

La reconciliación no se trata de un borrón y cuenta nueva como algunos se atreven a proponer. Los nacidos después del 85, con la nueva Constitución Polí­tica de la República, también exigimos verdad y justicia por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. «Sólo el que conoce la historia y busca la verdad es hijo de la paz», declaró el padre católico Mauro Verzelletti.