«Nosotros decimos no al elogio de la muerte.»
Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.
Es contradictorio el discurso de los grupos más conservadores del país que defienden como un «derecho fundamental» la portación de armas. Por un lado critican la incapacidad de las instituciones de seguridad de cumplir con el deber constitucional de garantizar y proteger la vida humana, así como la integridad y la seguridad de la persona, y por el otro lado, se muestran reacios a aceptar cualquier propuesta de seguridad democrática y cualquier vía por dotar de más recursos al Estado para que cumpla con sus obligaciones.
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Esta postura de doble rasero parece la característica principal de los sectores que han generado opinión sobre la situación de violencia, inseguridad e impunidad que se vive en el país, misma que no es capitalizada por los armeros y por los empresarios de seguridad que tanto se benefician con la violencia.
Si bien es cierto que el actual Gobierno no ha cumplido con aquella propuesta de «combatir la violencia con inteligencia», también es necesario reconocer que la situación actual de inseguridad e impunidad es el resultado de las políticas implementadas en el pasado con el objetivo de reducir y debilitar al Estado y, con ello, a las instituciones que velan por la seguridad y la justicia.
Tampoco esto puede ser utilizado como excusa permanente por el Gobierno. Se nos habla del crimen organizado como un fantasma sin rostro, cuando en realidad sus integrantes están muy bien identificados, al menos así lo ha dicho varias veces el presidente ílvaro Colom. Lo que hace falta es la voluntad política para implementar verdaderas medidas que garanticen la seguridad a la población, pero siempre desde una perspectiva democrática y de respeto a los Derechos Humanos.
De lo contrario la opción de la «mano dura» gana terreno. Ya en varios medios de comunicación ha salido el general Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del Partido Patriota, exigiendo al Gobierno «decisión y carácter» para decretar estados de excepción en las principales zonas rojas, implementar la pena de muerte y utilizar al Ejército en la seguridad ciudadana, entre otras cosas.
Entonces, ¿qué clase de sociedad queremos construir? Por supuesto, una en donde todos los habitantes tengamos garantizados el derecho a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. Pero parece que la lógica del «sálvese quien pueda y a toda costa» se ha tornado en la opción preferencial de la población, idea fortalecida además, por la tendencia de algunos medios de comunicación a presentar los hechos de defensa personal, que han llegado a límites extremos como el asesinato, como la mejor opción de combatir la violencia. ¿O es que preferimos vivir en una jungla?