De lo que ha ido trascendiendo del escándalo del Congreso, un asunto crucial en el descuido que se tuvo en la responsabilidad de administrar los fondos fue el que cometió Rubén Darío Morales al abrir cuentas en distintos bancos autorizando que se pudieran girar cheques y disponer de los recursos simplemente con la firma del Director Financiero del Congreso de la República, José Benvenuto Conde Fernández, lo que permitió a este individuo realizar millonarias transacciones y al entonces Presidente del Organismo Legislativo recibir jugosas comisiones.
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Cuando uno trata de seguir la pista a la forma en que se realizaron esas operaciones anómalas, lo primero que piensa es que siendo el Presidente del Congreso el cuentadante y responsable legal por el uso del dinero, su firma tendría que estar estampada en los cheques. Y es sabido que los cheques menores, los que se giran para cubrir los gastos ordinarios del Congreso, sí llevan la firma del Presidente, pero los de millones que se manejaban en distintos bancos privados, se podían emitir con la simple y única firma del Director Financiero.
Cuando se abrió la cuenta de depósitos monetarios en el Banco Uno, a nombre del Congreso de la República, la firma principal registrada era la de don Rubén Darío Morales, teniendo autorización adicional el señor Conde Fernández, pero en el apartado de condiciones especiales de firma decía que bastaba estampar una de ellas para girar. Y además, maliciosamente, se puso que no querían que se hicieran confirmaciones de los cheques cobrados por ventanilla y compensación, débitos a su cuenta y cambios o modificaciones a la información proporcionada.
La solicitud de apertura de cuenta, por un monto de 19 millones de quetzales, no acompaña documento alguno en el que conste que Rubén Darío Morales tenía la representación legal del Congreso y el Banco no adjunta ninguna documentación al respecto, salvo un formulario llenado a mano por un empleado menor de una agencia del Banco y esas instrucciones y el registro de firmas indicado es lo único que sirvió a la entidad financiera para movilizar los millones de quetzales que ahora están en el limbo.
Cuando un particular abre una cuenta bancaria le piden casi hasta el certificado de bautismo, además de recibos hasta de quien extrae la basura de la casa. Pero cuando una entidad como el Congreso, que maneja dinero de todos los guatemaltecos, abre una cuenta, basta un formulario llenado a mano sin acreditar representaciones legales y se toma como Biblia lo que ponga el empleado bancario que llenó el documento, especialmente en cuanto a las firmas autorizadas para girar cheques u ordenar transferencias y en cuanto a que no hay necesidad de confirmar las erogaciones aunque se trate de cifras multimillonarias.
Legalmente quien abrió las puertas para que Conde hiciera las transferencias, salvo que pruebe que le falsificaron la firma, fue Rubén Darío Morales y la forma en que le fueron apareciendo milagrosamente abonos de seis cifras en sus cuentas es una comprobación de que no cayó de pendejo cuando abrió esas cuentas y las existentes en otros bancos donde también el Director Financiero podía girar cheques y realizar trasferencias.
Vale la pena que la Superintendencia de Bancos, tan responsable en los miles de millones perdidos por los trinquetes bancarios, al menos se encargue de controlar la forma en que se abren las cuentas del sector público para ver si se cumple con los requisitos de ley.