Ayer en esta sección se publicaron dos comentarios alertando sobre la volatilidad del interés por regular el transporte derivado del accidente del pasado viernes, puesto que la experiencia demuestra que los guatemaltecos no tenemos constancia para exigir y al poco tiempo olvidamos aun tragedias tan grandes como la que costó la vida a 55 personas. Es más, en el Congreso los diputados de la bancada Unionista ofrecieron que promoverían reformas a la Ley de Tránsito, pero conforme pasan los días y se diluye el interés, los políticos se dan cuenta de que el tema deja de ser rentable y también lo van abandonando.
Pero hoy se produjo un doloroso recordatorio, puesto que esta mañana, muy temprano, un bus que traía pasajeros de Ciudad Quetzal se accidentó con el saldo de una persona muerta y varios heridos. Hemos pensado que tristemente hizo falta una tragedia para que las autoridades recapaciten sobre su responsabilidad y que por ello empezaron esta semana operativos en los que ya detectaron a muchos pilotos sin licencia, a un par de menores de edad conduciendo unidades de transporte colectivo y varios que no pasaron el examen de alcoholemia, es decir, que conducían bajo el efecto embriagante del licor. Imposible saber si alguno más lo hacía bajo efectos de marihuana o cualquier otro estupefaciente, porque no existen medios para realizar ese tipo de pruebas.
Otra vida humana perdida nos tiene que servir para remachar en el clavo de la necesidad urgente de diseñar toda una política de Estado para mejorar la seguridad vial. En otros países, ante la evidencia de inseguridad en calles y carreteras, se han adoptado medidas enérgicas que incluyen la sanción de revocar la licencia de conducir, en algunos casos de manera temporal y en los más graves de por vida, a quienes incurren en delitos contra la seguridad del tránsito. España es un referente obligado para los legisladores guatemaltecos porque allá, pese a tener mejor parque vehicular y mejores carreteras, la mortalidad por accidentes viales obligó a las autoridades a establecer nuevos y más severos controles que han repercutido en una disminución importante de los accidentes.
Las normas viales vigentes en Guatemala fueron diseñadas con mentalidad de la mitad del siglo pasado, cuando los vehículos eran totalmente distintos, lo mismo que las vías de comunicación. En esos tiempos no había la masificación actual en el uso de automotores y por lo tanto la cantidad de pilotos era mucho menor y más fácil de controlar y supervisar. Actualmente sólo en el tema de conductores del servicio colectivo de pasajeros es tal el número de involucrados que se requiere una dependencia especial que se encargue de su control y capacitación.
El empresario de transporte busca, como muchos de los empresarios en general, la máxima utilidad con la menor inversión y por lo tanto si pueden mantener corriendo un bus chatarra con antigí¼edad de muchos años y encomendado a un piloto barato que se complete su sueldo a como dé lugar, piensan que hacen el negocio redondo. Casi no hay criterios empresariales modernos que reparen en calidad de servicio, en reinversiones para renovación de equipo o contratación de personal para asegurar la vida de los pasajeros, sino que con criterio de tienda de barrio se administra buena parte del sistema de transporte público en el país. Cabalmente por esa deficiente estructura empresarial deben incrementarse los controles del Estado para proteger los intereses del usuario y es ahora, cuando está fresco el drama, que debe actuarse para impulsar acciones con carácter de urgencia nacional.