No es cosa nueva el que se trate de aprovechar una desgracia para lucrar con ella y por eso nuestras bisabuelas ya nos contaban que mientras unos estaban en la pena, otros estaban en la pepena. Con el tema del terremoto, ayer hablamos de los especuladores que quieren hacer su agosto en noviembre subiendo el precio de sus productos, pero también hay que ponerle ojo a los funcionarios de todo nivel en el servicio público que ahora, al haberse declarado el Estado de Calamidad, tratarán de realizar contratos y adquisiciones a la brava, pensando más en sus utilidades que en el interés y las necesidades de la población.

Así ha sido con las últimas tormentas que han afectado a Guatemala y no hay razón para suponer que con el terremoto vaya a ser diferente, porque cuando se eliminan algunas barreras y controles, supuestamente para agilizar las adquisiciones o adjudicaciones de obras urgentes, lo primero que hacen los funcionarios es pensar en el trinquete que tan corriente es en la gestión pública.
 
  Todos los procesos de reconstrucción tras las tormentas han fracasado por esa voracidad de funcionarios de todo nivel. Desde la misma Presidencia de la República se han hecho negocios burdos a la hora de coordinar los esfuerzos de atención a las víctimas y en las actuales condiciones, cuando el proceso demanda más rapidez y eficiencia y seguramente habrá más necesidades porque el daño ha sido más extenso, no podemos pasar por alto la necesidad de una fiscalización social adecuada.
 
  La Contraloría queda fuera de la jugada no sólo porque se eliminan algunos de los requisitos formales de las licitaciones, sino por su misma historia, tradición y capacidad. Pero la población de los lugares afectados y los guatemaltecos en general tenemos que exigir que se nos informe de cualquier negocio, de cualquier compra o contratación, para que podamos hacer nuestras propias evaluaciones y así determinar si están robando, como siempre, o si están actuando correctamente, como se hizo en 1976 tras el terremoto más destructor de nuestra historia.
 
  En aquella oportunidad el Presidente dio un ejemplo de transparencia y decencia en el manejo de la situación que al final terminó por legitimar un régimen surgido de un fraude electoral. En vez de concentrar todos los poderes como hizo Somoza y como tienden a hacerlo los gobernantes, delegó funciones y permitió que los mismos donantes hicieran compras y contrataciones para evitar que se dilapidara la ayuda. Ojalá que ahora podamos ver actitudes ejemplares en vez de la tradicional corrupción, porque la celeridad y eficiencia de la ayuda así lo reclama.

Minutero:
Si alguien se pepena 
el recurso de la ayuda 
ojalá le caiga sin duda 
la severidad de la pena