Dos reos, condenados como homicidas, fueron ahorcados hoy en Japón, donde se han 15 ejecuciones en 2008, una cifra récord en más de 30 años.
«Las ejecuciones fueron ordenadas después de examináramos varias veces los casos de manera prudente y apropiada», declaró a la prensa el ministro de Justicia, Eisuke Mori, que acaba de autorizar sus primeros ahorcamientos desde su designación, hace poco más de un mes, en el Gobierno del primer ministro Taro Aso.
Michitoshi Kuma, de 70 años, fue condenado a muerte por el rapto y asesinato de dos niñas de 7 años en 1992, en la prefectura de Fukuoka (oeste).
Masahiro Takashio, de 55 años, apuñaló mortalmente a una anciana y a su hija en 2004 para obtener dinero, en la prefectura de Fukushima (norte).
En 2008 se han registrado 15 ejecuciones en Japón, cifra que se acerca al récord de 17 en 1975.
Desde el 25 de diciembre de 2006, cuando se suspendió la moratoria de hecho de 15 meses de la aplicación de la pena capital, 28 personas han sido ajusticiadas.
Seiken Sugiura, ministro de Justicia entre 2005 y 2006, se había negado a firmar los decretos correspondiente por sus convicciones budistas. En Japón, cada ejecución debe ser aprobada por el ministro de Justicia.
Japón es el único gran país industrializado, junto con Estados Unidos, donde se sigue aplicando la pena de muerte. Las autoridades lo justifican por su aceptación popular.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia este argumento y afirma que los sondeos se realizan de «manera interesada» y las preguntas están «orientadas con el fin de obtener la respuesta deseada».
En un informe publicado el 9 de octubre, la FIDH reprochó a Japón que vaya «a contracorriente» de la tendencia internacional al mantener las ejecuciones.
«Japón sigue condenando a muerte a criminales y los encierra durante años en prisiones donde reinan el secreto y el aislamiento, haciendo caso omiso o menospreciando a la opinión mundial», escribió en el informe Florence Bellivier, secretaria general de la FIDH.
Dan Van Raemdonck, vicepresidente de la organización, recordó que «ninguna revisión de proceso de condenados a muerte fue aceptada desde 1986 y ningún condenado fue indultado desde 1975».
Un total de 101 personas esperan en los pasillos de la muerte en Japón.