La decisión de la Corte Suprema nicaragí¼ense de dar luz verde a la pretensión del presidente Daniel Ortega para buscar la reelección en 2011, con un cuestionado fallo judicial, generó un nuevo conflicto político en Nicaragua, que amenaza con trasladarse a las calles.
La sentencia, dictada el lunes por seis magistrados sandinistas de la Sala Constitucional del máximo tribunal, anuló una norma constitucional, aprobada en 1995 y en vigencia desde 1997, que impedía al presidente reelegirse de manera consecutiva.
La Corte emitió su resolución en respuesta a un recurso de amparo que Ortega promovió silenciosamente el 15 de octubre con el fin de superar la norma que le impedía postularse a la reelección.
La acción fue elevada inicialmente ante el Consejo Supremo Electoral, que aduciendo razones de competencia trasladó el caso a la Corte, que dio lugar al recurso con el voto de magistrados sandinistas que controlan ambos poderes del Estado.
«Fue un proceso totalmente amañado», afirmó el jurista Carlos Tunermann, ex embajador nicaragí¼ense ante la OEA.
Los sandinistas desestimaron las críticas y argumentaron que así como la comunidad internacional aceptó que se modificaran las normas para permitir que se postularan nuevamente Oscar Arias en Costa Rica (de manera no consecutiva) o Alvaro Uribe en Colombia, también debían hacerlo en Nicaragua.
Centenares de seguidores del gobernante Frente Sandinista salieron a las calles el martes para «celebrar» y «defender» la resolución, luego de que sectores civiles y políticos de oposición la rechazaran y anunciaran que convocarían a protestas.
Ortega preguntó a sus adversarios en tono desafiante, en un acto realizado el martes, «cuál es el miedo» de que él vuelva a ser candidato presidencial.
Afirmó que la cuestionada sentencia «es inapelable», porque «está escrita en piedra», y en tono irónico llamó a los líderes opositores a que «se tranquilicen, que no se ahoguen en un vaso de agua».
«Â¿Cuál es el miedo? En las elecciones (presidenciales) el pueblo es quien va a decidir. Tengan un poco de calma, esperen al 2011», dijo Ortega ante aplausos de sus seguidores.
Esta sentencia «constituye una ruptura constitucional coronada por Daniel Ortega y ejecutada por la Sala Constitucional», cuestionó el diputado opositor Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial.
Las voces de protestas fueron alzadas por toda la oposición: el Partido Liberal Constitucionalista (derecha), la Bandada Democrática Nicaragí¼ense (derecha) y el Movimiento de Renovación Sandinista (centroizquierda).
Organizaciones sociales críticas al gobierno, como Hagamos Democracia, condenaron «de manera firme y absoluta esta sentencia aberrante y oportunista» que afecta el «proceso democrático».
El Movimiento por Nicaragua acusó a Ortega de querer «perpetuarse en el poder» y miembros del Poder Judicial de adjudicarse atribuciones del Congreso.
El ex presidente del máximo tribunal Alejandro Serrano afirmó que «la Corte no tiene potestad para declarar inconstitucional la Constitución» en virtud de un recurso judicial.
La sentencia también profundizó el conflicto dentro de la politizada Corte Suprema de Nicaragua, integrada por 16 jueces, de los cuales ocho son sandinistas, siete liberales y un puesto está vacante.
Mientras el presidente de la Suprema, el liberal Manuel Martínez, aseguraba que la sentencia era «ilegal, inexistente e inoperante», su vicepresidente, el sandinista Rafael Solís, insistía en que es un caso «cerrado».