Cuando ocurre un suceso banal o sucede un acontecimiento extraordinario, afloran opiniones, emociones o sentimientos adversos porque los seres humanos hacen uso de su libre albedrío y tienen el derecho de disentir, ya sea que la verdad -siempre tan relativa- les asista y o que estén equivocados en sus enunciados y juicios.
Cabalmente este fenómeno ocurre estos días en torno a la captura del ex presidente Alfonso Postillo, aunque, en términos generales, la mayoría de los guatemaltecos, o al menos los que han enviado acotaciones a mi columna en el portal cibernético de La Hora y quienes me han escrito correos electrónicos, coinciden en que el ex mandatario debe ser sujeto de procedimientos legales para que se demuestre su inocencia o culpabilidad de los delitos que se le imputan, pero que no se le debe linchar políticamente.
  En lo que respecta al pedido de extradición solicitada por Estados Unidos, el lector Jaime del Cid Rosales señala que se trata de un caso de conflicto de leyes en el tiempo y el espacio y de jurisdicción, en vista de que se debe dilucidar si las leyes norteamericanas pueden acusar y juzgar a un ciudadano de Guatemala que habría cometió un delito estando fuera de territorio estadounidense, independientemente de su rango político, además de que la ley que pretende aplicar el gobierno de Estados Unidos sobre el lavado de dinero, en vigor desde hace varios años en esa nación, no estaba vigente en Guatemala durante el lapso en el que se presume el ex gobernante habría cometido ese delito. Por su parte, Edgar Juárez, director del medio cibernético Chichicaste, advierte que Guatemala firmó un tratado de extradición con Estados Unidos el 27 de febrero de 1903 y que una Convención Suplementaria a la extradición con Guatemala fue suscrita el 20 de febrero de 1940, pero en ningún caso se contempla el delito de lavado de dinero. Adicionalmente, Portillo no podría ser extraditado a un tercer país, en vista de que los tratados entre Guatemala y México sobre el tema señalan que se requiere la autorización del Estado mexicano para ello, y por si fuera poco, Portillo deberá solventar primero su situación jurídica por los delitos de peculado y otros que se le acusan.
Al margen de consideraciones puramente jurídicas, el lector Roderico Fulgencio Gil opina que para muchos de los guatemaltecos que ansían la aplicación de la justicia pronta y cumplida, el Caso Portillo se convirtió en un asunto que provoca sentimientos encontrados, entre tristeza y regocijo, y también de frustración, porque «no somos un país libre, soberano e independiente sino supeditados a Estados Unidos». Añade que la captura del ex presidente es un aviso para aquellos que osen estar en contra de los «señores de traje oscuro y portafolio de empresario o de banquero», que ven un peligro para sus grandes intereses cuando un político que no es de su estirpe pretende eliminar los privilegios de los «dueños de la finca llamada Guatemala».
Luego, retóricamente pregunta: «Â¿Por qué se tuvo qué esperar que emanara una orden de Estados Unidos para capturar a Portillo, cuando se le pudo revocar la fianza de un millón de quetzales que se le impuso al ser expulsado de México, para meterlo a la cárcel?». Porque -asevera- ser perseguido por leyes y autoridades norteamericanas y enviarlo humillantemente a prisión era la obsesión de la oligarquía, como venganza a las decisiones del ex presidente Portillo «de autorizar la libre importación de pollo, de azúcar cubana (más barata que la producida en la costa sur guatemalteca) de cemento mexicano y de haber quebrado el monopolio de la producción de cerveza»
Como ven, es un caso que se presta a la discusión y al análisis jurídico y político.
(En referencia a que al ex presidente Portillo le apodan Pollo Ronco, el penalista Romualdo Tishudo asegura que la gallina quiere mucho a su pollito porque le costó un huevo ponerlo).