No deja de ser una vergí¼enza para Guatemala la forma en que actúan nuestras autoridades. El Ministerio Público pidió el arraigo del comisario Julio Hernández Chávez como parte de las investigaciones por el asesinato de cinco jóvenes ejecutados extrajudicialmente por elementos de la PNC. Y está bien que se proceda de esa forma, pero es inaudito que mientras contra un comisario que no tiene «agarres de alto nivel» se actúa de esa forma, contra los comisarios Figueroa y Sperisen no se haya procedido de igual manera y se les permitiera salir del paí­s como chucho por su casa, no obstante que contra ellos hay señalamientos que son verdaderamente graves.

Hernández Chávez es un policí­a de carrera que está sometido a investigación porque personal a su mando cometió crí­menes. Los otros eran parte de los cí­rculos sociales de quienes gobiernan y de quienes tienen el poder económico y por lo tanto, aunque se les acusa no sólo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal a su cargo, sino de crí­menes cometidos directamente como en el caso de Figueroa, nadie mueve un dedo para buscar siquiera su extradición. Es más, el Presidente de la República, el Ministro de Gobernación de la época y el Jefe del Ministerio Público vieron como la cosa más normal del mundo que se fuera de Guatemala y le creyeron la patraña de que iba a ir a dejar a sus familiares a Costa Rica y que «ya merito regresaba», como decimos en buen chapí­n.

No pretendemos que se deje en libertad de movimientos para salir del paí­s a Hernández Chávez, sino remarcar que, como siempre, la justicia se aplica con raseros asquerosamente distintos y, peor aún, discriminatorios. Porque no es correcto que a un policí­a de carrera, que no tiene los ví­nculos sociales y familiares de los otros dos, se le arraigue con prontitud y diligencia mientras que a sus antecesores no sólo no se les arraigó, sino que se les facilitó que se fueran de Guatemala tranquilamente.

Eso confirma, ni más ni menos, que en el caso anterior la limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales que vení­an ejecutando eran plenamente avaladas por las autoridades y que éstas comparten la responsabilidad con los que fueron jefes de la Policí­a Nacional Civil. E indigna, de verdad, que de manera tan descarada nuestras autoridades demuestren su racismo o clasismo, como viera verse el asunto, que se traduce hasta en la elemental administración de justicia. Si el anterior Director General de la PNC, el comisario Hernández Chávez, tiene que responder por los crí­menes de sus subalternos, por qué no se hace lo mismo con Sperisen y con Figueroa, sobre todo sabiendo que contra éste último pesan graví­simas acusaciones y que en casos como el de Pavón perpetraron ejecuciones extrajudiciales a luz pública y participando directamente.