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Las autoridades de la vía interoceánica informaron que, de inmediato, comienza un periodo de análisis cuidadoso para tomar decisiones dirigidas a concluir la construcción de un nuevo carril de esclusas.

«No quiero ni siquiera insinuar que los próximos pasos son sencillos y que estarán libres de riesgos, lo que sí quiero dejar claro es que no vamos a estar sujetos a chantajes», dijo el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, en una rueda de prensa al anunciar el término de las negociaciones con el consorcio que construye la ampliación de la vía.

Una esclusa permite nivelar las aguas y así ayudar a que un buque o navío ascienda o descienda de nivel y pueda cruzar exitosamente el canal.

Quijano dijo que un acuerdo con el consorcio «ya no es posible y la ventana se cierra minuto por minuto» porque la autoridad requiere que los trabajos se retomen cuanto antes.

El consorcio dio instrucciones el miércoles a sus subcontratistas de suspender los trabajos, dijo el funcionario.

El grupo de empresas ha mantenido una «posición inflexible» y durante las conversaciones reiteró su intención de «negociar cifras exorbitantes fuera era del contrato», dijo Quijano. La posición del consorcio «afecta los intereses de Panamá y su Canal», agregó el funcionario al anunciar la finalización de un periodo especial de negociación.

«Su argumento era que ha tenido cuantiosos sobre costos y que la autoridad del canal debía pagarlos», añadió.

El consorcio, liderado por la empresa española Sacyr, a cargo de la construcción del nuevo carril de esclusas, el principal componente de la ampliación, ha asegurado que tiene problemas de liquidez y exigió a las autoridades del canal que se le reconozcan sobrecostos por 1.600 millones de dólares para culminar los trabajos.

El consorcio o agrupación de empresas también es integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, a la que se le adjudicó la licitación del proyecto a mediados del 2009 por 3.118 millones de dólares.

Desde Madrid, el consorcio denominado Grupos Unidos por el Canal, informó más temprano que las negociaciones para financiar la ampliación se rompieron y advirtió sobre el peligro de que se pierdan 10.000 empleos.

El grupo dijo en un comunicado que la interrupción de las conversaciones pone en «riesgo inminente» esos empleos y que la disputa puede durar años si no se encuentra una pronta solución.

En contraste, Quijano dijo que «todavía en este momento se puede salvar la obra para (que esté terminada) el 2015… aquí ellos se van y nosotros nos quedamos, la obra se va a terminar, hay que seguir adelante con o sin ellos».

Las acciones de la compañía española Sacyr SA, que encabeza el consorcio, cayeron 6,4% el miércoles en la bolsa de valores de Madrid. Las de la constructora italiana Impreglio SpA bajaron 2,4% en Milán.

El consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá, que se culpan mutuamente por los sobrecostos, habían acordado el viernes extender por tercera vez los diálogos hasta el 4 de febrero en un esfuerzo para resolver el conflicto, que inició al despuntar el 2014 y que, en buena medida, mantiene paralizados los trabajos de la ampliación.

Pese a las intensas negociaciones no lograron acordar la fórmula financiera para inyectarle dinero a los trabajos, que están en un 65% completas, según la Autoridad del Canal.

La ampliación, a un costo total de 5.250 millones de dólares, busca duplicar la capacidad operativa de un canal de 99 años de antigüedad y por donde se estima que pasa el 6% del comercio marítimo del mundo.

El conflicto inquieta a Panamá y a las empresas navieras ante la posibilidad de que la mega obra pueda sufrir mayores retrasos.

El proyecto, que ya arrastra un atraso de nueve meses, debe estar listo para mediados de 2015.

Las autoridades del Canal han dicho que, de no llegarse a un acuerdo, no vacilarán en retomar lo que resta del plan.