Cuando se empezó a discutir sobre la impunidad, con tan variadas posiciones sobre los responsables de enfrentarla y los métodos para derrotarla, lo que quedó claro y se terminó aceptando prácticamente por todos es que Guatemala vive en un sistema de justicia con muros que protegen a quienes con eficiencia han diseñado un modelo para mantener el control de los beneficios de la corrupción y el tráfico de influencias, aún a costa de una sangría de la sociedad.

Ahora, con las discusiones sobre las opciones reales de los gobiernos de hacer cambios en 4 años, lo que no tiene discusión es que la administración política del Estado no está cumpliendo con su función y los grandes problemas del país se profundizan en lugar de encontrar una solución.

Por ello, es que en este momento antes de entrar a analizar cambios radicales que puedan ser el inicio a una marcha sin freno de reformas constitucionales que terminen beneficiando a individuos en particular, habría que discutir y evaluar sobre la forma en que se han encarado los retos que plantea un país como el nuestro.

Para empezar, sería importante analizar y discutir si han sido responsables los partidos políticos y los candidatos para asumir sus compromisos con financistas que les permitan tomar decisiones de Estado sobre decisiones de plata cuándo se está en el poder.  Preguntarnos si esos partidos han sido eficientes en el trabajo de conformar equipos y diseñar políticas que lleguen a aplicarse desde el primer día en el puesto porque están convencidos que ser funcionario es una actividad de servicio público y no para amasar fortuna.

Sería conveniente preguntarles y cuestionarles a quienes están en los puestos de poder si no es mejor empezar a retomar la condena a la corrupción que es intolerable cuando todos son candidatos, pero que se vuelve su modus operandi cuando están en el poder.  Porque se criticaron los contratos de infraestructura sin respaldo presupuestario, las concesiones, los precios de los medicamentos, las transferencias, compras por excepción, etc., pero ahora son la práctica que ellos mismos siguen aplicando.

Entonces, claro que existe un problema estructural que impide el funcionamiento del Estado, pero creemos que sería más importante discutir a profundidad sobre la libertad de los políticos para decidir sin depender de sus financistas, de aprovechar equipos de profesionales bien preparados y con principios fuertes al servicio de la administración pública y con una ciudadanía lista a cuestionar y demandar un mejor papel de quienes nos gobiernan.

Mientras no se haga eso, ¿para qué queremos más tiempo de desorden?  Primero, a ser eficientes.
   
MINUTERO:
Lo que se debe cambiar
no es nuestra Constitución;
es más urgente acabar
con campante corrupción