Los ministros europeos del Interior debatían el martes la espinosa cuestión de la recepción de los inmigrantes ilegales rescatados en naufragios en aguas internacionales, tras la polémica levantada por Malta al negarse a cumplir con sus obligaciones de salvamento en el Mediterráneo.
«La situación actual es de un caos total. Cada año unos 600 inmigrantes, y esto es una estimación muy conservadora, mueren intentando llegar a Europa. Esta cifra puede aumentar este año», denunció el ministro maltés, Tonio Borg, quien pidió a sus socios reunidos en Luxemburgo compartir «la responsabilidad» que significa la recepción de esos clandestinos.
Desde mediados de mayo se señalaron varios naufragios dramáticos de embarcaciones repletas entre Libia y Malta y varias decenas de inmigrantes clandestinos murieron en su intento por alcanzar las costas de algún país de la frontera sur de la Unión Europea.
Malta salvó 250 personas en las últimas dos semanas y 7.000 en cinco años, señaló Borg, recordando que su país cuenta con apenas 400.000 habitantes.
«La verdadera cuestión no es quién va al rescate. Es evidente que el barco más próximo al punto de naufragio debe ir. El problema es quién aceptará a esos inmigrantes», explicó Borg, en medio de la polémica por las acusaciones contra Malta de no haber prestado auxilio a clandestinos aferrados a una jaula de cría de atunes so pretexto de que se encontraban en aguas libias.
Para Borg estas acusaciones son injustas, ya que es un problema que «no puede ser resuelto por Malta sola, o Italia sola, o por un Estado periférico solo», y es por ello que propone a sus homólogos europeos nuevas reglas para compartir la responsabilidad de la recepción de los ilegales.
«Estoy proponiendo que en ese tipo de situación en la cual un barco salva inmigrantes fuera de la zona de búsqueda y rescate de un país europeo, como por ejemplo el caso de Libia, y el país responsable de ese salvamento no asume su responsabilidad, lo justo es que esos ilegales rescatados sean distribuidos sobre la base de una rotación entre los 27 miembros de la Unión Europea», dijo.
«Temporalmente esos inmigrantes deben ir al país europeo más próximo hasta ser transferidos al país de destino designado. La base de rotación debe realizarse según un criterio que tenga en cuenta la talla y población» de los miembros de la UE, agregó el ministro maltés.
Borg recibió el apoyo de la Comisión Europea y España, cuyo ministro Alfredo Pérez Rubalcaba tenía pensado aprovechar la oportunidad brindada por Malta para introducir en la discusión el tema de los menores ilegales no acompañados, que no pueden ser repatriados como los adultos y que constituyen un problema en las Islas Canarias.
«Nos parece una buena idea introducir el término responsabilidad compartida en estos sucesos como en el conjunto de la inmigración. Si hablamos de responsabilidad compartida, es razonable que hablemos de la responsabilidad compartida de la unión europea en relación con los menores no acompañados», señaló Rubalcaba.
Sin embargo, el ministro español advirtió que es necesario «mirar con ciudado» la propuesta de Malta para «evitar que haya efectos negativos de lo que es una buena idea».
En efecto, varios países de la UE prefieren trabajar en forma más estrecha con los países de origen y tránsito de la inmigración ilegal, ya que la aceptación de una «responsabilidad compartida» podría aparece como un «billete gratis» para que los clandestinos ingresen a Europa.
«No debemos dar la impresión de que esta gente tiene el derecho automático de ser aceptada en la UE», aclaró en ese sentido un diplomático europeo que pidió no revelar su identidad.
Tonio Borg, ministro del interior de Malta.