La discriminación y violencia contra la mujer aún se encuentra arraigada en la Policía Nacional Civil (PNC). La resolución emitida en contra de los policías Rosauro Antonio Muñoz Monterroso y Roberto Díaz Larios, por el daño psicológico causado a una agente evidencia esta situación
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y aunque ya fueron condenados por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, según se consigna en un informe, los agresores aún se encuentran en “situación especial”.
La agraviada fue una agente –de quien se omite el nombre para evitar su revictimización- quien ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quetzaltenango develó la forma como el subcomisario Muñoz Monterroso, quien fungía como jefe de la comisaría 41 de la institución policial, pretendía removerla de su cargo el 9 de mayo de 2012.
Según la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, conocida el 15 de mayo de 2013, hubo “violencia contra la mujer en su manifestación psicológica” y “abuso de autoridad”, cuando el jefe policial pretendía remover de su cargo a la agente agraviada, argumentando que “no le convenía mantenerla en el cargo por ser mujer”.
En tanto, el oficial Díaz Larios, también habría dañado a la policía al anunciarle que sería separada de su puesto en la Oficina de Emisión de Antecedentes Policiales, por “ser mujer”, a quien también trató con términos peyorativos.
El Tribunal condenó a los sindicados a seis años de prisión inconmutable por “violencia contra la mujer en su manifestación de violencia psicológica”, pero a Muñoz Monterroso le agregó uno más, por “abuso de autoridad”.
“SITUACIÓN ESPECIAL”
De acuerdo con un informe al que tuvo acceso La Hora, los agresores aún se encuentra en situación especial dentro de la institución.
A pesar de que el Artículo 23 del Reglamento Disciplinario de la PNC, que contempla las sanciones por infracciones muy graves como la destitución, en este caso la sanción no fue esa.
Según fuentes que intervinieron en este caso, a los sindicados se les aplicó el inciso “b” del mismo artículo, que indica: “limitación temporal de trece a veinticuatro meses para optar a ascensos, participar en cursos especializados y becas dentro y fuera del país”.
Esta medida, supuestamente la habría tomado el Tribunal Disciplinario de Quetzaltenango, integrado por un comisario policial, un abogado y un representante del Consejo de Desarrollo de la jurisdicción.
El caso evidencia, cómo prevalece la discriminación y el machismo dentro de la PNC, tal como la admitió hace algún tiempo Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, quien dijo que trabajan para contrarrestar esta problemática.