Luego del anuncio que el presidente ílvaro Colom hiciera ayer, sobre una posible reforma fiscal, sectores sociales y empresarios ven dividida su opinión al respecto.

El segundo intento del mandatario guatemalteco para tener un aumento en los ingresos del Estado, provocó la reacción de analistas económicos y empresarios que no ven en esta propuesta la solución al poco presupuesto con que éste cuenta.

Según Hugo Maul, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), lo que el Presidente propone se compara con «pedirle a la gente que tampoco tenemos dinero en la bolsa, que le demos al Gobierno y que éste se lo gaste en lo que quiera».

Según el analista, esta propuesta no se realiza en un momento apropiado, pues la realidad económica no lo permite. Además, Maul considera que el Gobierno no cuenta con la credibilidad ni la legitimidad para hacer este tipo de peticiones.

Por otro lado, Carlos Amador, vicepresidente de la junta directiva de Agexport, asegura que el problema del Estado es la falta de recaudación y que por ello se deberí­a trabajar en temas de evasión fiscal y no en cambios a impuestos directos.

«Hay que analizar muy bien la viabilidad de una reforma de este tipo, tiene que ser algo muy bien pensado y estructurado para que pueda tener todo el consenso necesario para alcanzar acuerdos», asegura el empresario.

A FAVOR

Según Jorge Santos, analista del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la entidad ve con beneplácito la intención de impulsar una reforma tributaria, porque existe una urgente necesidad de que las finanzas públicas se refuercen, ya que es debido a la baja recaudación que el Estado no puede cumplir con las funciones que le corresponden.

Sin embargo, esta reforma, que no necesariamente debe incluir nuevos impuestos, serí­a apoyada únicamente si no afecta a las capas medias y bajas, asegura Santos. Además, el representante de CIIDH, dio a conocer que esta propuesta deberí­a incluir la contemplación de otras fuentes de trabajo, alcanzar mecanismos que impidan la impunidad y contemplar el destino de los ingresos.

OTRAS PROPUESTAS

La solución que el analista de CIEN propone es que el Gobierno priorice y enfoque sus gastos, pues el experto asegura que «mil 800 millones de quetzales van a Cohesión Social», donde «la opacidad y la falta de información siguen reinando».

Por su parte, Carlos Amador dice que, para que el Estado perciba mayores ingresos, se deberí­a explotar el recurso minero y analizar temas como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). «Se habla mucho de contrabando y evasiones», dice Amador, comentando que éstos son temas a tratar antes de hablar de una reforma fiscal.