Hace un año, las autoridades prometieron que los brasileños nunca más volverían a ser testigos del horror que padecieron 242 jóvenes que murieron asfixiados por el humo tóxico que se esparció en una discoteca, cuya arquitectura parecía un bunker sin ventanas ni salidas de emergencia.

Pero ahora que Brasil conmemora el primer aniversario del mortal incendio ocurrido en la discoteca Kiss, ni el gobierno federal, estatal o local han tomado medidas concretas para mejorar la seguridad en caso de que ocurra otro incendio en estos lugares de esparcimiento o para hacer cumplir las medidas y reglamentaciones que existen y están vigentes en todo el país.

La inacción gubernamental ha avivado los temores de que otra tragedia similar ocurra cuando propios y extranjeros invadan los clubes nocturnos brasileros durante la Copa del  Mundo, que sube su telón en junio y que se celebrará en doce ciudades distantes una de la otra.

«Lo que mató a esos chicos en esa discoteca fue nuestra cultura, nuestra cultura que no le gusta obedecer la ley», dijo Luciano Favero, un especialista en prevención de incendios del estado de Río Grande do Sul, donde ocurrió el incendio de la discoteca Kiss. «Brasil es un país que reacciona, no un país que prevenga».

Hacia las 2:30 de la madrugada del 27 de enero de 2013 la espuma instalada en el techo de la discoteca, y que aísla el sonido, se incendió cuando el lugar se encontraba abarrotado de jóvenes en la ciudad universitaria de Santa María.

El fuego fue provocado cuando el vocalista de la banda de música regional, que estaba en el escenario, encendió una luz de bengala como parte del espectáculo pirotécnico de la agrupación, algo que está prohibido en recintos cerrados.

Los investigadores de la conflagración dijeron que al quemarse la espuma se liberó cianuro, monóxido de carbono y dióxido de carbono que rápidamente mató a los universitarios que estaban divirtiéndose.

Al iniciarse las llamas, cientos de jóvenes salieron en estampida y muchos de ellos se atoraron en una sola fila que daba a las cuatro puertas que servían de entrada y salida del lugar. Fuera de los 242 muertos, 630 personas resultaron heridas y alrededor de 90 de ellas todavía enfrentan graves problemas de salud debido a la inhalación del humo tóxico.

Pese a que los resultados de una investigación concluyeron que el humo tóxico salió de la espuma utilizada para insonorizar el lugar y que fue el causante de las muertes, las autoridades consideran que su uso sigue siendo legal.

Un día después del incendio, la presidenta Dilma Rousseff presidió una reunión que había sido previamente programada con alcaldes recién elegidos de todo Brasil, donde les habló del «dolor indescriptible» del que fue testigo, luego de que visitara a los familiares de las víctimas horas después de lo ocurrido.

«Les hablo de ese dolor que nos debe servir de recordatorio a todos nosotros, que tenemos el poder ejecutivo, acerca de las responsabilidades que tenemos con nuestra población», expresó Rousseff. «De cara a esta tragedia, tenemos el deber de hacer un compromiso para asegurar que esto nunca volverá a suceder».

Las palabras del presidente no cambiaron nada, dice Rodrigo Tavares, un ingeniero y consultor privado en temas de seguridad contra incendios en Brasil.

«Al principio, teníamos todo un alboroto nacional y muchos planes para hacer cambios», indicó Tavares. «Sin embargo, en términos prácticos, la situación de seguridad y de protección contra incendios sigue siendo la misma».

Lo que Tavares y otros expertos dicen y están de acuerdo es en que lo más importante que se necesita es la aprobación de un Código Nacional de Seguridad contra incendios para que se impongan las mismas normas en el país y se hagan cumplir en todo Brasil.

La conflagración en Santa María expuso las profundas fallas del sistema anti-incendios brasileño, que actualmente otorga a los estados federados el derecho a determinar sus propios códigos contra incendios, y a las ciudades el poder para hacerlas cumplir y para entregar las licencias de funcionamiento a los establecimientos públicos.

Eso deja a la mayor parte de país a merced de inspectores mal entrenados y sobrecargados de trabajo en un sistema caracterizado por la corrupción generalizada, donde el soborno es una manera fácil de evitar las inspecciones y donde el cumplimiento de las normas actuales depende de la voluntad de los dueños o de los arrendatarios de los locales.

A lo largo del año pasado el congresista Paulo Pimenta, del oficialista Partido de los Trabajadores y oriundo de Santa María, ha intentado sin éxito tratar lograr la aprobación de un código nacional de seguridad anti-incendios en el Congreso.

Dice que un proyecto de ley, presentado por su iniciativa, no ha sido aprobado porque los líderes se olvidaron rápidamente de la conflagración y se dedicaron a otros asuntos luego de que el escándalo por la tragedia se desvaneciera.

El proyecto de ley de Pimenta obligaría a cualquier edificación a instalar más salidas de emergencia, rara vez usadas en vastas zonas del país, y a que materiales como el usado para aislar el sonido acústico, como el de la discoteca Kiss, no sean inflamables y cuyo uso deba ser previamente aprobado por las agencias reguladoras del gobierno.

La iniciativa, además, haría más fácil hacer responsables a funcionarios locales de la aprobación de los planes anti-incendios que presenten discotecas, clubes nocturnos, hoteles y otros establecimientos.

La oficina del alcalde de Santa María y el departamento de bomberos dijeron que han intensificado las inspecciones en los establecimientos de la ciudad, pero que están esperando que la legislatura estatal o el congreso nacional aprueben normas de seguridad contra incendios mucho más rigurosas.

Desde que ocurrió la conflagración en la discoteca Kiss, sus dos propietarios y dos miembros de la banda de música regional brasileña, fueron culpados de iniciar la conflagración y enfrentan cargos de homicidio. Estas personas están libres a la espera de que inicie el juicio penal. Una sentencia de culpabilidad significaría una condena de hasta 30 años de prisión.

Pero pueden pasar muchos años antes de que alguien sea declarado culpable y ser puesto tras las rejas por la complejidad del sistema legal brasileño y por la posibilidad de que se presenten múltiples apelaciones.

Fiscales estatales informaron que otras cuatro personas enfrentan acusaciones por falso testimonio y falsedad en documentos. Cinco bomberos enfrentan un juicio por negligencia en un tribunal militar mientras que tres más son acusados de falsificación de documentos públicos relacionados con el permiso contra-incendio de la discoteca.

Pese a las múltiples acusaciones, muchos en Santa María temen que nadie pague por sus actos.

«No se hará justicia mientras esta cultura de la impunidad persista. Nadie va a aprender una lección porque nadie va a ser castigado», afirmó Douglas Medeiros, estudiante universitario cuya novia Thanise Correa García, de 18 años, murió en el incendio. «Aquí en Santa María, no se han producido reformas a ley, no hay nada que obligue a los funcionarios A sentirse obligados de tomar una acción real».