Se han actualizado informaciones y opiniones referentes a eventuales reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) con la propuesta relativa a que el 50 % de candidatos a cargos de elección popular sean del sexo femenino, para lograr la equidad de género, aspecto sobre el cual ya opiné el pasado lunes, en cuanto a que por el hecho de que mujeres conformen la mitad de congresistas no garantiza la integridad y representatividad legislativa, a menos que todas las eventuales diputadas sean elegidas con base a honorabilidad y capacidad.
Insisto en que para afianzar el endeble sistema democrático, es imprescindible democratizar a los mismos partidos y redefinir los distritos electorales, porque actualmente, como lo establece la norma constitucional atinente a que cada departamento (con excepción del de Guatemala) corresponde a un distrito electoral y asimismo lo define el artículo 205 de la LEPP, prevalece la ausencia de identidad y vínculo real entre el representado y el representante, es decir, entre elector y diputado.
En junio de 2012 abordé en tres oportunidades este asunto, señalando casos específicos como el de San Marcos, que por su población cuenta con 9 parlamentarios, pero no se toma en consideración que ese departamento no es una jurisdicción homogénea, porque son muy disímiles en costumbres, idiomas y otras particularidades los moradores del altiplano marquense con los residentes del área cálida y los habitantes de la región central.
Independientemente de su ordenamiento político administrativo, San Marcos es un departamento con tres sectores geográficos y socioculturales claramente dispares, de suerte que debería redistribuirse en tres distritos electorales, para que el sufragante tenga una relación directa con su representante en el Organismo Legislativo, además que debe normarse que los candidatos sean originarios y vecinos de esos municipios o distritos a los que representarían en el Congreso.
Igual fenómeno ocurre en otros departamentos muy poblados, como Huehuetenango y Quetzaltenango, el Distrito Central (la capital) y los municipios restantes del departamento de Guatemala, y de ahí la importancia de redefinir los distritos electorales; pero a dirigentes de los actuales partidos políticos no les conviene porque a la postre significaría su extinción dentro del malvado ámbito en que se desenvuelven, respondiendo a intereses de sus financistas y alejados de los ingenuos ciudadanos que persisten en votar por candidatos impuestos por minúsculas cúpulas inmorales.
Mientras este ofensivo modelo del falso sistema democrático representativo prepondere, careciendo de un sustento determinante como lo es la genuina representatividad de los legisladores y el vínculo de éstos con sus supuestos representantes, continuará la ficción que entretiene a los guatemaltecos cada cuatro años y persistirán los mismos vicios políticos, anacronismos, debilidades, falencias y otra porquerías que conducen a que se elija a individuos que compran sus candidaturas, a caciques que se enriquecen ilícitamente, a políticos ignorantes e inescrupulosos que se eternizan en alcaldías y diputaciones, a subordinados de los grandes capitales y empresas transnacionales; en fin, a títeres de los financistas y de oprobiosos poderes paralelos.
(El automovilista Romualdo Tishudo le recrimina a un diputado conocido suyo: -Tu hijo quinceañero atravesó su carro en el crucero cuando estaba el semáforo en rojo y sobre el paso de cebra. El parlamentario replica: -Es que está practicando para ser político).