La Cámara de Diputados comenzó el miércoles a debatir la sanción a un proyecto de ley que elimina la amnistía a los militares de la dictadura de 1973 a 1985, en medio de duras confrontaciones políticas entre el oficialismo y la oposición y expectativa en los círculos castrenses.
La cámara baja de 99 miembros –50 de los cuales pertenecen a la coalición oficialista Frente Amplio de izquierda– inició el debate a las 1600 GMT, que podría extenderse hasta la noche o la madrugada del jueves.
El Senado, donde el oficialismo también es mayoría, aprobó el martes la eliminación de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto, lo que podría abrir el paso a nuevos juicios contra militares retirados.
En la votación del martes el gobernante Frente Amplio impuso su voluntad por 16 votos contra 15. Si el proyecto se aprueba el miércoles en la cámara baja, se eliminará la prescripción de esos delitos que debía regir a partir del 1 de noviembre, de acuerdo con los plazos que fija el código penal.
Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Además de eliminar la prescripción, el proyecto de ley también declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura.
En los hechos, la nueva ley elimina la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sancionada en 1986. Según la oposición, la nueva ley sería un avasallamiento a la constitución, ya que la amnistía fue ampliamente respaldada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009, este último durante las elecciones que llevaron a José Mujica a la presidencia.
Los militares, en tanto, anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los ex tupamaros –movimiento guerrillero al que perteneció Mujica– presuntamente involucrados en secuestros y asesinatos que no fueron juzgados.
Con la eliminación de la prescripción, el Frente Amplio busca cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.
El fallo de la CorteIDH se refiere a la denuncia presentada por el argentino Juan Gelman, suegro de María Claudia García, secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires y trasladada a Uruguay clandestinamente donde dio a luz a una niña, Macarena, que en el año 2000 supo quién era y adoptó el apellido Gelman. El esposo de María Claudia García, Marcelo Gelman, fue asesinado en Argentina tras el secuestro.
En mayo, el Frente Amplio fracasó en su intento por eliminar la ley de caducidad –sancionada como contraparte de la amnistía a los tupamaros de 1985– al no obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.
En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina.