Por un lado existe un derecho de manifestación y por otro lado coacción e ingobernabilidad; entre esas reacciones se encuentran los diputados al Congreso ante las movilizaciones que se han dado este día en la ciudad capital.
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Las reacciones y comentarios dentro del Congreso de la República se han dividido, la movilización de miles de personas exigiendo la aprobación de la candidatura presidencial de Sandra Torres ha provocado división entre quienes abogan el derecho a manifestación y otros que las acusan de ilegales.
La Constitución Política de la República regula las manifestaciones como un derecho a la libre expresión del ciudadano, por lo que podrían estar apegadas a derecho las distintas manifestaciones que apoyan a Torres.
Sin embargo, éstas pueden incurrir en coacción hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad que se podrían ver presionados hacia dictaminar a favor. Roberto Villate.
“Esto se puede considerar como un delito de coacción y no de libre expresiónâ€, dijo el jefe de bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Roberto Villate.
Por lo que es un claro mensaje de presión de parte de la ciudadanía en momentos en los que se están conociendo los argumentos de la precandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Por su parte, Mariano Rayo, diputado por el partido Unionista, aboga al derecho de petición y de manifestación, pero estando alertas a que se respete el patrimonio municipal y nacional.
“Hay que determinar quiénes son los responsables en caso del daño patrimonial y si las autorizaciones de Gobernación están dadas y solicitadas en tiempoâ€, se limita a decir Rayo.
Para el Partido Patriota y el subjefe de bancada, Valentín Gramajo, estas actividades demuestran una clara ingobernabilidad y vulneran a la población que se encuentra debilitada ante una crisis nacional.
“Los señores que dirigen el gobierno han buscado la ingobernabilidad y ellos mis hacen protestas y manifestaciones, se les olvido que ellos tiene la responsabilidad de gobernar y no de hacer manifestacionesâ€, refirió Gramajo.
En otras declaraciones, Zury Ríos, del Frente Republicano Guatemalteco dijo que no existe razón para preocuparse, sobre todo si hay diputados y funcionarios públicos involucrados.
“Si diputados están involucrados en la organización no hay porque preocuparse que exista algo fuera del orden, tenemos que esperar movimientos pacíficos por lo que no tiene que haber ningún problemaâ€, manifestó.