Los congresistas argumentan que el usufructo concedido a la empresa española es a toda luz ilegal, por lo que adelantan acciones en los Tribunales de Justicia.
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La Comisión por la Transparencia y varios diputados de distintas bancadas esperaban discutir con el Interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, el contrato concedido a la empresa española. En la citación buscaban despejar las dudas que giran sobre la concesión en usufructo de un terreno para la construcción de una terminal de contenedores.
Aunque a temprana hora se había confirmado su presencia, horas después se excusó diciendo que se encontraba en una citación con el diputado oficialista Arístides Crespo.
“El Interventor ha dejado plantado a más de 10 diputados que han buscado conocer el contrato. Queremos pedirle al Presidente de la República la destitución inmediata del Interventor por desacato, rebeldía por engaño al pueblo de Guatemala y por usurpación de funciones”, explicó el vicepresidente de la Comisión por la Transparencia, Carlos Barreda.
Considera que hay estrategias para proteger al funcionario que incurrió en varios delitos al conceder terrenos en condiciones desfavorables para el Estado. Fraude de ley, abuso de autoridad, lesividad, intereses del Estado, son algunos de los delitos por lo que no descartaron emprender acciones legales.
Las conclusiones de los diputados es que se rescinda el contrato, luego requerir a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas sus opiniones para que se declare lesivo el contrato.
ESCRITURA
La bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) se quejó hoy que la misma abogada fue quien realiza el contrato del usufructo, el acta constitutiva del Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y el del bufete que hace el contrato.
Yaravi Morales de León Regil, el 14 de mayo de 2012, realiza la escritura constitutiva de TCQ, empresa que representa en Guatemala a TCB, la empresa española que administrará la nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal. Los socios fundadores de TCQ son Juan Carlos Castillo Chacón y Aguilar Castillo Love Guatemala S.A.
Previamente, el 16 de marzo de 2012, se hizo la escritura para constituir Aguilar Castillo Love Guatemala, S.A., cuyos socios son Juan Carlos Castillo Chacón, Edna Isabel Novegil Hernández, además de los mismos socios fundadores Francisco Castillo Love y su hijo Juan Carlos Castillo Chacón.
Posteriormente, en el 11 de julio de este año, la misma abogada Morales de León Regil realiza la escritura para el contrato de usufructo para la terminal de contenedores. Para la bancada Lider, el hecho de que la misma gente esté vinculada con la constitución del bufete que hizo el contrato, la constitución de la empresa que representa a TCB y la elaboración del contrato, genera dudas y merece ser revisado.
BÚSQUEDA
Ante la excusa del Interventor de la Portuaria de no poder asistir debido a la citación que mantenía con el diputado Arístides Crespo, los diputados se encaminaron hacia el Edificio Morales, donde el congresista tiene su oficina, al llegar los encargados les señalaron que Crespo no se encontraba y no explicaron a ciencia cierta si existía una citación.
Los diputados contactaron al funcionario vía telefónica donde explicó que la citación se realizaba en Escuintla, pero espera lograr atender la invitación de la Comisión por la Transparencia. Al continuar interrogándolo el funcionario cortó la llamada.
Los parlamentarios advirtieron que mantendrán las citaciones hasta que Marroquín asista al Congreso. Luego de este episodio, la bancada Lider brindó una conferencia de prensa, en la que enumeró las acciones legales que emprendieron esta semana y anunció que invitarán para este viernes a los Ministros de Economía y Relaciones Exteriores. A la Contralora General de Cuentas, al Procurador General de la Nación y autoridades de la Portuaria.
“No fueron financistas”
Ante los señalamientos de que el diputado Arístides Crespo pueda tener algún interés en el Contrato, Diario La Hora lo contactó vía telefónica donde rechazó rotundamente las críticas.
– ¿Queremos saber su opinión sobre el contrato que se concedió a una transnacional?
– Ese es un tema que debe investigarse bien para conocer los alcances de ese usufructo. Nosotros estamos en esa línea, hoy mismo me reuní con el Interventor a efecto de que me brinde la información, es un tema que corresponde al departamento de Escuintla.
– ¿En algún momento tuvo alguna relación con la empresa TCB, ya sea antes o después de la campaña?
– No. Son siglas que estoy conociendo ahora a través de los medios de comunicación, yo como diputado de Escuintla jamás he tenido ninguna plática, por eso estoy obligado a investigar el tema.
– ¿Esta empresa fue financista de su campaña como diputado o de la campaña presidencial?
– No tengo ninguna idea de lo que estás diciendo, yo, primera noticia que tengo, no sé quién haya manifestado tal aseveración pero es totalmente falso, la rechazo.
Intervención anómala
Según Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, señala que la intervención es una figura anormal en el funcionamiento administrativo de una entidad autónoma y descentralizada, ya que la Constitución y la Corte de Constitucionalidad, han señalado que las intervenciones no pueden ser permanentes sino temporales y en este caso el acuerdo gubernativo que dictara el presidente Álvaro Colom, para intervenir la Empresa Portuaria Quetzal, establece que la función del interventor es para un plazo indefinido.
Además, señala que el acuerdo de intervención señala claramente que la función del interventor es regularizar el funcionamiento económico de la empresa, es decir que el interventor no tiene facultades para contratar.
Orellana indica que existe un punto que se ha perdido de vista, pues se está hablando de un puerto y transporte, por lo tanto son concesiones que tienen constitucionalmente un régimen muy especial, por lo que le corresponde al Congreso de la República aprobar estas concesiones, considerando que es “ilegal” lo que se hizo, es decir que el interventor no tenía la potestad para realizar este negocio.