La agrupación asegura que son tres enmiendas que no perjudicarán el espíritu de la ley. Oposición mantiene sus dudas.
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El proyecto de ley que se encuentra pendiente de ser aprobado en tercera lectura podría sufrir algunas modificaciones toda vez que el Partido Patriota logre el apoyo para modificar algunos puntos del dictamen original.
El diputado Pedro Muadi, quien es uno de los que tiene a cargo las enmiendas, señaló que son tres modificaciones, entre las que destaca el artículo que tipifica el delito de tráfico de influencias “En el delito se especifica que sea aplicado para los funcionarios públicos y no los privados (este) no tiene por qué ser sujeto del tráfico de influencias, así como estaba redactado impedía que un privado pudiera hablar con un diputado por ejemplo, lo cual no está bien, se está arreglando el artículo, ese punto condenaba a cualquiera que hablara con cualquier autoridad”, explicó el congresista.
Otra enmienda es la que habla de la responsabilidad de las personas jurídicas “Estamos eliminando la frase donde establece que las personas jurídicas son corresponsables de actos delictivos por falta de control o supervisión, eso era una cuestión muy peligrosa ya que no puede hacerse responsable una persona jurídica… un gerente o un dueño de empresa no puede tener absoluto control las 24 horas del día sobre todos sus trabajadores, es prácticamente imposible”, resaltó.
La tercera enmienda fue enviada del Ejecutivo y aborda el tema de la Secretaría de Transparencia la cual busca gestionar recursos de la cooperación internacional, esto considera que podría chocar con lo que establece la Secretaría General de Planificación Estratégica (Segeplan).
Dado que el próximo martes, se tiene contemplado la interpelación al ministro de Salud, Jorge Villavicencio, a solicitud de la Bancada de UCN, se espera que el tema pueda ser incluido en la sesión plenaria programada para hoy.
“Esperaría que todas las bancadas apoyen el proyecto incluido Lider ya que es una herramienta de suma importancia para todo el país y no creo que haya diputados que quieran correr con el costo político de no aprobar esta ley”, manifestó el subjefe de bancada, Aleksander Castillo.
El diputado de Creo, Oscar Chichilla, espera que tras los dos intentos fallidos por aprobar esta ley se puedan lograr los consensos necesarios para conocerla lo antes posible, ya que el Congreso está a las puertas de un nuevo juicio político.
“Es un tema importante, por lo que esperamos que no quede en el olvido y que los diputados muestran esa buena voluntad para aprobarla”, indicó el congresista.
DUDAS PERSISTEN
Ante el anuncio de enmiendas sobre el dictamen de la ley anticorrupción antes conocida como Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, algunas bancadas mantienen sus dudas sobre las modificaciones, ese es el caso de Encuentro por Guatemala.
“Nos preocupa que estas enmiendas vayan a deformar el sentido original de la propuesta”, externó el jefe de la agrupación, Leonel Lira.
La discusión sobre el tema ha consumido casi diez años desde que se presentó el primer proyecto de ley que buscaba tipificar esta práctica.
“No ha sido fácil luchar contra la corrupción”
Verónica Taracena, titular de la Secretaría de Control y Transparencia (SCYT), dijo en una disertación frente a empresarios en un hotel de la zona 10 capitalina, que la lucha contra la corrupción “no ha sido fácil” y que tampoco es “la cara bonita del gobierno”.
Esto, según indicó, porque a partir de esa tarea se han despertado críticas y señalamientos en contra de quienes la llevan a cabo.
Agregó que se toman denuncias de la población con seriedad y que tienen fundamento. Incluso las que surgen de los mismos ministerios, pero que también se han recibido varias que tienen inconsistencias.
Por otro lado, agregó que según una conversación con un funcionario francés, en Europa se dieron los mismos acontecimientos, pero que en dos años se lograron avances en la lucha contra la corrupción.
Así también, el funcionaria dijo que se tienen avances en la implementación del gobierno electrónico, pues según indicó, la información contenida en páginas web de entidades de gobierno incluso estaba desactualizada.