La iniciativa que tuvo el Ministerio de Finanzas de provocar al Banco Interamericano de Desarrollo para invitar a los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso para que asistieran a una jornada de «capacitación» en Washington, en la que se habló básicamente de la reforma tributaria que propone el Gobierno con fundamento en la propuesta que hiciera la Comisión de Apoyo al Pacto Fiscal, logró su cometido de tener reuniones en las que no hubiera contaminación de los grupos que en Guatemala históricamente se oponen a hablar siquiera de modernizar el sistema impositivo.
Sin embargo, al regresar los diputados se encuentran con los planteamientos de sectores que insisten en que la crisis impide hablar de una reforma de impuestos como la propuesta porque, según ellos, aumentar la tasa tributaria en estas circunstancias alejará las inversiones que tanta falta hacen para generar empleo y ayudar a la población que enfrenta las consecuencias de la crisis. Ya sabemos que cada vez que se habla de reformar los impuestos aquí, siempre hay pretextos y argumentos para indicar que no es el mejor momento y ahora, con la escalada constante de precios y el riesgo de que también nos llegue alguna recesión, se incrementa el coro opuesto a mejorar nuestros sistemas fiscales.
Otro ingrediente que habrá de pesar en el análisis y discusión de la reforma tiene que ver con las cuestiones puramente partidistas que se están librando en el seno del oficialismo. La controversia que llevó a Manuel Baldizón al Tribunal de Honor de su partido, con riesgo de ser sancionado por las ambiciones presidenciales que no oculta, pueden tener consecuencias en el seno mismo de la Comisión de Finanzas que preside porque se necesita del apoyo irrestricto de esa sala legislativa para darle vida a la iniciativa cuando vuelva el pleno de su prolongado receso.
Y habrá que ver cuál es la actitud del diputado Baldizón y de quienes le siguen en el Congreso y en la bancada y ello puede ser determinante para establecer el futuro de la propuesta que impulsa el Ministro de Finanzas Públicas y que al parecer está encontrando más oposiciones de las que pudiera imaginarse. De entrada, la negativa del CACIF es ya un obstáculo importante porque sabemos la influencia que el sector empresarial tiene a la hora de discutir este tipo de temas.
Los altos funcionarios del BID, que sintieron obligación de participar en el esfuerzo patrocinando la reunión de los diputados, saben perfectamente la importancia del tema en Guatemala, pero también entienden el enorme grado de dificultad que históricamente ha tenido cualquier iniciativa para elevar la tasa de recaudación fiscal.