La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, manifestaron esta mañana su rechazo y condena ante las artimañas y mentiras que ha estado utilizando el gobierno ante la concesión disfrazada de Usufructo de la empresa Portuaria Quetzal, otorgada a TBC Española; asimismo, indican que este es el inicio de la privatización de uno de los pocos bienes que gobiernos del pasado han dejado a Guatemala.

A la manifestación se unieron diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), quienes hicieron público este contrato de usufructo. Durante la marcha, la diputada Delia Back, de este bloque legislativo, insistió en que este movimiento debe ser considerado como una privatización del puerto.

A esa consideración se sumaron los sindicalistas, quienes estuvieron de acuerdo en considerar esto como la privatización del Puerto Quetzal. Criticaron que el Estado está dejando de percibir recursos económicos que pueden ser invertidos en seguridad, ya que esta empresa ha sido generadora de utilidades para el gobierno central y las municipalidades del departamento de Escuintla, quienes se verán seriamente afectadas en su desarrollo socioeconómico.

La marcha salió desde el Parque Jocotenango y se dirigieron hacia Casa Presidencial para presentar un documento para que se dé marcha atrás al usufructo. Aunque hubo resistencia de parte de las fuerzas de seguridad, pudieron avanzar.

Miembros de las fuerzas de seguridad habían cerrado el paso en la avenida que da acceso a la Casa Presidencial. Sin embargo, los manifestantes lograron destrabar las barreras metálicas que se habían puesto. Los agentes de seguridad evitaron enfrentarse a los manifestantes, quienes poco a poco alcanzaron la puerta de la Casa Presidencial, donde esperaban ser recibidos para entregar el documento en que pedían que se desista del contrato de usufructo.

Según Julio Esquivel, secretario general del sindicato unido de trabajadores de la empresa Portuaria Quetzal, se esperará una respuesta de parte del Presidente por la tarde para saber si se dará marcha atrás a este usufructo o no, para ver si se toman medidas más drásticas de parte de los tres sindicatos de la Portuaria.

Señalaron que si la asamblea general de los sindicatos pidiera el cierre de la portuaria, así se hará, como medida al rechazo de la concesión. Además, Esquivel indicó que ayer se reunieron los tres sindicatos que tiene la empresa portuaria, los cuales se han puesto de acuerdo para luchar por la misma causa.

Según el Secretario del Sindicato, la Empresa Portuaria Quetzal ha sido y sigue siendo eficiente a pesar que se le ha politizado nombrando al frente de la misma a funcionarios “corruptos” sin conocimientos en puertos que únicamente han llegado a “saquearla con contratos sobrevalorados y obras inexistentes que sobrepasan cientos de millones de quetzales anuales”.

Además, indicaron que los trabajadores no están en contra de la modernización, pero si en contra de que empresarios y gobiernos se sigan enriqueciendo a causa de la miseria y necesidades de los guatemaltecos.

Los sindicalistas aseguraron que la empresa portuaria Quetzal tiene la capacidad técnica y  financiera para construir y administrar esta terminal y seguir modernizándose como lo venía haciendo antes de la intervención.

Por lo que hicieron un llamado al presidente Otto Pérez Molina, para que se declare lesivo el contrato de usufructo número 53 de fecha 11 de julio de 2012, por no convenir a los intereses de la nación.

Asimismo, pidieron a la sociedad civil organizada y a la población guatemalteca en general para que se pronuncie encontrar de este “oscuro negocio” como lo calificaron los sindicalistas al contrato de usufructo, con una extensión de 348,341 metros cuadrados de terreno de la empresa Portuaria Quetzal.

El contrato establece que la mencionada empresa privada utilizará el terreno para construir una terminal de contenedores y operará las mismas instalaciones durante un período de 25 años, plazo que puede ser prorrogado con solo presentar una solicitud en ese sentido con tres meses de anticipación.