En el Congreso de la República los diputados modifican el Listado Geográfico de Obras a su conveniencia y sin respaldo técnico, para beneficiar a empresas constructoras de familiares, allegados y financistas, o bien, para inaugurar obras que capten la simpatía de sus electores, aunque los proyectos realmente sean innecesarios o de mala calidad.

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SOLO EL PROGRESO TIENE Q433 MILLONES Y UN SOLO DIPUTADO, JORGE BARRIOS FALLA, DE TODOS

PP TIENE PRESENCIA EN 21 DISTRITOS Y EL OPSOITOR LIDER CUBRE 18 DEPARTAMENTOS

El programa de inversión física fue planeado para impulsar el desarrollo en las áreas más abandonadas del país y fomentar la participación social y la descentralización, pero realmente funciona como un sistema de pago de favores entre la clase política.

El Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera –conocido también como Listado Geográfico de Obras– contempla para este año Q6 mil 402 millones, 998 mil 620, lo que supone un aumento de 29 por ciento en comparación con los más de Q4.9 millardos que se presupuestaron en 2012.

En teoría esto implicaría que más fondos serán destinados a la ejecución de obras de desarrollo para el bienestar de la población, pero en la práctica el aumento solo garantiza a los diputados distritales más recursos a su disposición para pagar favores, obtener beneficios y ganar simpatías.

Tradicionalmente el Listado Geográfico de Obras es manipulado por los parlamentarios distritales, que tienen la capacidad para  modificar presupuestos y direccionar recursos para que las obras se ejecuten, a su conveniencia, en sus localidades.

De los 127 diputados distritales con la capacidad de intervenir en la definición de obras, 50 pertenecen a la bancada del Partido Patriota (PP) y 31 al grupo de Libertad Democrática Renovada (Lider).

Después participan las bancadas Todos, con 14 representantes; Compromiso Renovación y Orden (Creo), que tiene 8 escaños y en menor medida la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (Gana), con cinco diputados cada una. Otros seis partidos y diputados independientes suman 14 diputaciones.

Según el listado, entre los departamentos con más presupuesto se encuentra el de Guatemala con Q599,482,480; después de la Capital, que recibe Q171,339,400, los municipios más beneficiados son Villa Nueva, con Q96,505,970 –liderado por el alcalde Edwin Escobar, un aliado del PP–; Mixco, con Q63,899,569  y Chinautla, con Q39,878,620. Estos dos últimos son gobernados por el PP.

El Progreso pasó de tener Q232 millones en 2012 a Q433.6 millones este año, lo que supone un aumento del 87 por ciento; dicho departamento solo es representado por el diputado Jorge Barrios Falla, del partido Todos.
   
Le sigue Chimaltenango con Q402.5 millones y representado por cinco diputados. Luego se encuentra Quiché con Q382.3 millones, representado por  cuatro diputados del PP, incluido Estuardo Galdámez, quien fue financista de campaña del presidente Otto Pérez Molina, además de cuatro diputados más.

También en la lista se encuentra Alta Verapaz con Q346 millones, departamento representado por el oficialista Eduardo Quej Chen y quien junto con su hermano Haroldo Quej Chen, también fue financista de campaña del Pérez Molina; los acompañan 8 diputados más.

Además se encuentra la diputada Elza Cu Isem, quien era parte de la UNE, luego transfugó a UCN y ahora representa a Lider. En un reportaje para La Hora, la parlamentaria dijo que a sus electores no les importa la cantidad de leyes que aprobara, sino la cantidad de obra que llevaba al departamento.

De igual manera se encuentra Huehuetenango, con Q218.6 millones, que se encuentra representado por cuatro diputados del PP,  tres de Lider, dos de UNE y uno de la Unión del Cambio Nacional.

Solo para Zacapa se asignaron Q86 millones; el departamento es representado por un diputado de Lider y por Gustavo Echeverría, del PP, quien preside la Comisión de Finanzas del Congreso este año.

De acuerdo con el listado del 2013, el 2012 marcó un  panorama diferente, pero que coincide con el cambio de gobierno; más diputados representaron al PP, que mantiene el control de la Comisión legislativa de Finanzas y por medio de la cual se crea la estratégica repartición de obras.

Adicionalmente a la asignación por departamentos se cuenta el presupuesto multirregión y regional, que supera los Q2 millardos, y que tiene por destino ejecutarse en obras para dos o más departamentos.

Jalapa, con Q64.7 millones, es representado por tres diputados del PP; en Chiquimula, con Q64 millones, se encuentran dos oficialistas y Baudilio Hichos, de Lider; en San Marcos, cuatro diputados son del PP, dos de Lider, y el resto representan a Todos, Gana, y URNG, mientras que en Sacatepéquez, con Q94 millones, hay dos oficialistas y un opositor de Lider.

Por otro lado, en Quetzaltenango, con Q197.5 millones, hay cinco diputados de Lider y el resto son representantes del Partido Unionista y el PP. En el norte, Petén tiene asignados Q281 millones y es representado por tres diputados de Lider y solo uno del PP; en esta zona el partido opositor concentra una buena cantidad de simpatizantes, por ser la tierra de Manuel Baldizón.

Para conocer más detalles de la distribución de recursos y la representación política se presenta una tabla detallada con montos y localidades.

DETRÁS DEL SISTEMA
Establecer el programa de inversión física implica definir los presupuestos de las “obras de desarrollo” que se ejecutarán en los departamentos, pero lejos de considerar las verdaderas necesidades de la población y tomar en cuenta criterios técnicos para ese propósito, los diputados priorizan sus intereses económicos y políticos.

Mediante la adjudicación de contratos para realizar obra pública, los legisladores consiguen beneficiar a empresas privadas y así pagar los favores económicos que les concedieron en la campaña –financiamiento o apoyo en plataformas electorales– y por eso planifican los proyectos con una estrategia que les facilita sus intenciones.

Otros modifican el programa del Listado Geográfico de Obras para direccionar una buena cantidad de recursos y obras hacia el departamento que representan –aunque no sean comunidades pobres o necesitadas–, ya que con esto hará cobros de comisión a empresas de allegados y de la misma forma estará promocionado su imagen para quedar bien ante sus votantes.

Mayra Palencia, experta en gestión pública y transparencia, indicó que esta práctica ha sido la única y más inmediata vía que tienen los politicos y los partidos para ejercer su influencia  sobre los territorios y generar una estructura de redes de empresas y entidades que les devuelven favores y que han sido financistas personales de los políticos.

Palencia explicó que  no se cuenta con un sistema de planificacion de obra fisica que se limite a obedecer decisiones  técnicas, para que las blinde de los cambios que puedan efectuar los diputados en el Congreso bajo sus criterios poco convencionales.

La experta en gestión pública y transparencia dijo que entendía lo que le comentaban los funcionarios y lo que le contaban las empresas; pero al estar en la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas (Minfin) “hice la comparación con lo que me contaban, con lo que leía estudios sobre estos mismos casos y luego veía mis números en el Ministerio; es allí donde podía constatar existencia de la estructura de redes”.

EL PROCESO IDEAL
Las necesidades en materia de desarrollo de cada localidad son planteadas en las sesiones que recurrentemente realizan los consejos comunitarios de desarrollo, que cuentan con la participación de vecinos de barrios, aldeas y caseríos de cada comunidad del país, incluyendo las áreas más recónditas y desatendidas del país.

Amas de casa, campesinos, religiosos, maestros, comadronas, entre otros actores sociales, encuentran en los consejos la única oportunidad para hacerse escuchar, plantear sus necesidades y opinar sobre los proyectos que necesitan sus familias para vivir mejor, como escuelas, sistemas de agua y saneamiento, centros de salud o centros deportivos, por ejemplo.

Las conclusiones de ese consejo luego son planteadas a los consejos municipales de desarrollo, donde confluyen las variadas propuestas de cada comunidad; luego las trasladan a los consejos departamentales de desarrollo, donde se recopilan documentos que detallan las necesidades de cada comunidad, de acuerdo con los planteamientos de los propios vecinos.

Es esta última instancia la que determina las necesidades prioritarias del departamento, y presenta los planes ante el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, del que participan altos funcionarios del Gobierno.

En el Ejecutivo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) conocen los documentos; son filtros que trabajan en la identificación de necesidades, en los cuales se deberían considerar índices de pobreza y población.

El plan final de obras se envía al Congreso y es ahí donde se tendría que aprobar el programa de inversión física, en conjunto con el presupuesto, para atender las demandas ciudadanas, pero los diputados están facultados para hacer modificaciones al presupuesto enviado por el Ejecutivo.

Y es en el Organismo Legislativo donde cualquier criterio técnico se subordina a las necesidades de la política partidista y a los intereses de los “representantes” para favorecer a empresas y promover iniciativas que les permitan ganar simpatías, aun cuando eso signifique dejar a un lado las necesidades de las comunidades más pobres.

El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, indicó que el Congreso está en todo el derecho de modificar el Listado Geográfico de Obras, siempre y cuando los encargados de realizarlo tomen en cuenta criterios técnicos y no lo hagan a puerta cerrada.

Aunque no lo hizo en el gobierno pasado, cuando fungió como Viceministro de Finanzas, recientemente Barreda hizo señalamientos de actos anómalos relacionados con el Listado Geográfico de Obras de parte del expresidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Iván Arévalo, las cuales después serían confirmadas por el director técnico del presupuesto, Edwin Martínez.

Cuando el Congreso aprobó el año pasado el Presupuesto General del Estado 2013 no se modificó el  listado geográfico de obras, ya que en el dictamen emitido por la comisión de Finanzas Públicas y de la Moneda se le daba la potestad al presidente de esa sala de trabajo –Iván Arévalo–  para realizar cambios posteriores a la aprobación del presupuesto, lo cual se notificaría luego con una carta al Ejecutivo.

El presidente del Congreso de ese entonces, el diputado Gudy Rivera, mandó el listado de obras sin cambios al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez, pero Arévalo envió un segundo listado  que incluyó cambios por Q543 millones y que fue trasladado al Ministerio de Finanzas (Minfin).

Esto último fue confirmado durante una citación de la Comisión legislativa de Transparencia, donde el Director Técnico del Presupuesto explicó la existencia de dos cartas; la propuesta de Arévalo fue tomada en cuenta, debido que existen todavía Q437 millones sin destino específico y sin registros en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Actualmente el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 cuenta con un vacío de Q543  millones que no tienen destino específico, debido que la estrategia de  Arévalo no estaba establecida en la normativa del presupuesto, además que la Constitución establece en el artículo 237, que toda la cantidad de dinero que esté incluida en los Ingresos y Egresos del Estado debe de tener un destino específico aprobado.
Se intentó conocer la versión de Arévalo, pero no fue posible contactarle.

“CENTRO DE NEGOCIOS”
El economista y exministro de Finanzas, Edgar Balsells, explica que en la Comisión legislativa de Finanzas se encuentra el problema. “Es ahí donde se le hacen todos los cambios que sufre el presupuesto luego de ser enviado por (el Ministerio de) Finanzas”.

Balsells indicó que este proceso lo hace normalmente el presidente de dicha comisión, quien frecuentemente está ligado al partido de gobierno, lo que genera una gran presión para que el Minfin coloque los fondos una vez estos son aprobados.

El experto comentó que con esta práctica no se consolida la inversión pública priorizada, o sea que no se busca lo que principalmente necesita un departamento y además señala que así se están alterando la estructura y objetivos por los cuales fueron creados los consejos de desarrollo.

“Si ellos se toman el derecho de cambiar la estructura de algo que fue realizado de acuerdo con lo que estable la ley sólo para su beneficio, están tocando toda la programación y formación democrática, aunque así digan que ellos –los diputados– son los máximos representantes democráticos”.

PARA DEVOLVER FAVORES
Barreda dijo que sí hay un interés de los políticos, no solo de los diputados, como también de parte de los alcaldes, que suelen ser del partido de gobierno en el tema de las obras.

Esto debido a que intentan llevar más proyectos a su distrito, porque es ahí donde la población evalúa a ambos por la obra que realizan en su departamento o municipio.

Según el congresista, hacer eso sería en el sentido más loable o más normal, pero el problema es que hay acusaciones de corrupción, ya que el Listado Geográfico de Obras  ha servido para que los diputados, alcaldes y funcionarios cobren comisiones o adquieran ganancias de los fondos destinados para las obras.