Lamentablemente nuestra contabilidad del Estado no es tan eficiente como para proporcionar los datos precisos que reflejen todo lo que se ha gastado (que no invertido) en el subsidio al transporte urbano desde que el mismo empezó allá por los años 70. La Hora logró contabilizar el monto del subsidio desde el 2001 hasta 2008, período en el que el Estado tiene cifras, y ha sumado 999 millones 204 mil 325 quetzales con 54 centavos (Q999,204,325.54), es decir, poco menos de un millardo, pero sin contar lo que ya se ha tirado a la basura en lo que va del año.
Desde el primer subsidio se condicionó la entrega del mismo a la mejora del servicio público de transporte de pasajeros, pero las pruebas son contundentes en el sentido de que no hay tal mejora y, por el contrario, cada día es peor el panorama. El subsidio garantiza a los dueños de buses un ingreso satisfactorio y por lo tanto no funcionan empresas sino que cada propietario de unidad la entrega a un piloto cuyo compromiso es cubrir diariamente una cuota fija y el resto de lo que obtenga el conductor es su sueldo. Obviamente eso significa cero reinversión en las unidades y ni siquiera adecuado mantenimiento, además de que no hay vínculo contractual entre piloto y propietario, lo que permite que el primer escape tranquilamente cuando hay un accidente.
El negocio termina siendo redondo para los empresarios que se benefician de un sistema que les regala dinero público y que, además, les permite operar con cero responsabilidad, sea la misma laboral, civil o penal.
Guatemala no tiene un sistema de transporte público que opere con criterio empresarial orientado a manejo de costos y eficiencia porque el subsidio distorsiona por completo la operación y hace que la ganancia está en lograr el registro de la unidad de transporte en los controles de Finanzas Públicas para recibir el subsidio mensual. Y el guatemalteco, que supuestamente se beneficia de esa situación, termina siendo perjudicado.
El subsidio no tiene un origen establecido como podría ser un impuesto a la circulación de vehículos en el área metropolitana sino que sale del fondo común y eso hace que el campesino pobre que compra una agua gaseosa que paga IVA, subsidie al capitalino que usa el transporte público por lo que, además, es injusto. Pero se ha visto que también es tráfico de influencias porque este gobierno lo elevó a niveles nunca antes visto para pagar la inversión que los autobuseros hicieron en la campaña de Colom, lo que le agrega intolerable ingrediente de corrupción. Visto por donde se quiera, el subsidio es un mal negocio para el país.