Entendemos que la administración de justicia requiere de fondos suficientes para cubrir necesidades básicas, no sólo en el aparato judicial, sino también en lo relacionado con la investigación a cargo del Ministerio Público en sus funciones de fiscalía. No se puede avanzar sin que exista una eficiente red para investigar los hechos delictivos y para acusar sólidamente a los delincuentes ante una amplia y eficiente estructura de juzgados.
Pero es un error creer que el problema es únicamente de dinero, puesto que eso significaría obviar la existencia de tenebrosos contactos del crimen organizado a lo interno del mismo Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia en todas las instancias. Recurriendo a una especie de parábola, podríamos decir que si a un cocinero se le da dinero para que alimente a cinco personas y esas cinco personas se enferman todo el tiempo por la mala comida que se les ofrece, sería absurdo aumentar la cantidad de recursos para que ese mismo cocinero, en la misma cocina, pueda alimentar a cien personas. Ya sabemos que entonces serán cien los enfermos en vez de los cinco que ahora hay.
En ese caso es fundamental corregir primero los problemas que hay en el manejo de los alimentos y su preparación, puesto que antes de incrementar el servicio y darle más dinero al cocinero, hay que asegurar que trabaje con limpieza y que no contamine el producto que está enfermando a los usuarios. Lo mismo pasa con la justicia, porque si nos conformamos con abordar el problema con el criterio de dinero para ampliar cobertura, haremos más víctimas de la impunidad al tiempo que enriquecemos a los socios del crimen organizado.
Por ello es que es fundamental acompañar la dotación de recursos con procesos profundos de depuración. No se puede pasar por alto la alta contaminación que tiene el sistema de justicia por la interferencia política en la designación de magistrados que a su vez pueden decidir el nombramiento de jueces. No se puede pasar por alto que aún persisten en el Ministerio Público algunos focos de contaminación por gente que ha trabajado para proteger a los grupos de criminales en el país. Cierto que allí sí hay alguna depuración, pero no en la dimensión ni con la velocidad necesarias.
Dinero para justicia sí, pero condicionado a que se establezcan mecanismos como los que ha planteado CICIG para supervisar el trabajo de los operadores de justicia para romper así con las vinculaciones que hay entre la estructura judicial en su conjunto con los grupos del crimen organizado que incidieron en comisiones de postulación y en el Congreso para armar la actual estructura.
Minutero:
Dar dinero a la justicia
sin exigir depuración,
más que una equivocación
es un acto de estulticia