Medios de prensa escritos, radiales y televisivos publicaron durante el presente mes titulares como: “Asalto a Pavón: CICIG duda de la justicia”; “CICIG y OJ chocan por depuración de jueces”; “Jueces exigen destitución de jefe de la CICIG” y adicionalmente extensas hojas de las declaraciones de Francisco Dall´Anese, jefe de la CICIG, manifestando que “el diagnóstico ha cambiado porque el cuello de botella está ahora en el Organismo Judicial”; declaraciones de Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestando, al referirse a Dall´Anese, “si tiene denuncias concretas que las presente a través de las ví­as legales y no a través de la prensa”.

Igualmente se publicaron declaraciones de la Asociación de Jueces y Magistrados, donde su presidente Carlos Aguilar Revolorio demanda la salida de Dall´Anese. Concluyendo todas estas noticias con las opiniones públicas del magistrado César Barrientos que dijo: “es necesaria una depuración de jueces en la CSJ sugerida por el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”.

Este enorme impacto mediático viene a evidenciar lo que la gran mayorí­a de la ciudadaní­a percibe, que si bien hay magistrados y jueces, profesionales correctos y responsables que no vacilan en analizar las denuncias, las pruebas que presenta el Ministerio Público y la CICIG en los diferentes casos y fallan según las pruebas, las argumentaciones de la defensa a conciencia, aunque su sentencia la critiquen pública y privadamente terceros inconformes.

Asimismo, hay magistrados y jueces que no obran conforme a Derecho, no son objetivos, no son imparciales, no son independientes, actúan conforme a las presiones externas públicas y privadas y por tanto no merecen encontrarse dentro de los cargos y puestos del Organismo Judicial, por cuanto sus acciones y decisiones son para quedar bien con los grupos de poder adecuados a la conveniencia de su futuro, de su deseo de permanencia dentro del Organismo Judicial. Además, obran con la preocupación de no perder la visa norteamericana. En sí­ntesis, su actuar va encaminado para quedar bien y así­ se les continúe contratando o nombrando como jueces o magistrados, como asesores de intereses foráneos o intereses particulares de grupos de poder.

Adicionalmente y públicamente, como ya es sabido, hoy se ha expresado que existen cadenitas o grupitos donde reinan uno o dos magistrados de la Corte, los cuales tienen magistrados y jueces subordinados, que reciben instrucciones y conforme a las mismas hacen o deshacen en autos, audiencias, sentencias condenatorias o absolutorias a la medida de las instrucciones recibidas, desvirtuando la justicia.

También ha quedado evidenciado que la justicia actual debe reformarse desde los preceptos constitucionales hasta la última norma reglamentaria y así­ lograr que exista verdadera justicia “independiente, imparcial y objetiva” para todos, tarea impostergable y obligatoria, de lo contrario la población continuará con una justicia improcedente, representada por una señora manca, coja, muda, y sorda, lo que implica un Estado fallido y parcializado, donde los ricos, poderosos, y los bien relacionados no son sujetos a la ley y si por casualidad se les denuncia se van a España, Suiza u otro paí­s donde se cambian de ciudadaní­a y competencia.
No es mediante el enfrentamiento a través de los medios de comunicación como todo ese deterioro, vicios e irregularidades se resolverá. Son las partes que integran el sector justicia en su conjunto los que deben dialogar y proponer el urgente cambio que requiere la justicia en Guatemala.