En el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gustavo Bonilla dio a conocer una solicitud que hizo la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses –Inacif–, Miriam Ovalle de Monroy, en la que requiere que la CSJ nombre a un juez de primera instancia penal de planta, en la sede de la institución forense.

De acuerdo con Bonilla, ese juez se encargará de dictar las resoluciones correspondientes para que la Dirección General del Control de Armas y Municiones (Digecam) reciba todas aquellas armas que se encuentran en el Inacif, luego de que se han hecho los peritajes correspondientes. 

El magistrado presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, enfatiza que la Ley de Armas y Municiones establece que, para que Digecam pueda recibir armas que provengan de los tribunales, debe haber  una orden de un juez competente.

“Esto ha dificultado que las armas se trasladen porque tenían que volver a los juzgados que habían ordenado el decomiso de las armas, para que fueran remitidas al almacén judicial o a Digecam; debido a esta situación se iniciaron pláticas, para que el juez que asista a videoconferencias al Inacif tenga la competencia de dar órdenes de remisión de las armas cuando se concluya con el peritaje”.

Bonilla también resalta que “debido a que Digecam se negaba a recibir las armas sin orden judicial, se nombrará a un juez, quien también tendrá como función el control vinculado con las videoconferencias, en cuanto a la legalidad de las audiencias”, dijo.

Barrientos explicó que de esta manera se agilizarán, incluso, las posibilidades que tiene la Policía Nacional Civil de hacer peritajes sobre las mismas armas, para verificar si fueron utilizadas en otros hechos delictivos.