En 2009 y 2010, los años con altos índices de violencia en el transporte, los rostros de los niños que perdieron a sus padres –pilotos y ayudantes de buses– acapararon la atención de la sociedad y de los entes encargados de atender sus necesidades básicas; una serie de paliativos se ofrecieron para enfrentar la crisis, sin embargo, hoy la situación es compleja para la niñez y juventud afectada por la ausencia de políticas públicas.

La ayuda de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) terminó este año para Kimberly, Darling y Erickson Mérida Chen, de 12, 10 y 6 años respectivamente, hijos del piloto Sergio Mérida, quien fue asesinado el 17 de julio de 2009 cuando manejaba un bus de la ruta 4.

Debido a las secuelas de la violencia, en 2010 inició un programa para los niños, huérfanos de padre, pilotos de buses, con el cual se les ofrecía un subsidio de Q300, para cada uno, a través de un programa de apoyo de la SBS, que se implementó durante el gobierno anterior.

Según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Policía Nacional Civil (PNC), 1,017 personas fueron asesinadas en el transporte público, durante la administración de Álvaro Colom, pero 2009 y 2010 fueron los años más letales para este gremio.

En una visita a la vivienda de los hermanos Mérida Chen se observó cómo los niños sobreviven en una casa de lámina, donde fácilmente penetra el agua, sin luz eléctrica y sin los satisfactores básicos para desenvolverse en un ambiente digno y de oportunidades.

Myrna Ventura, viuda de Mérida, dice que necesita pronto un empleo para atender las necesidades de sus hijos; actualmente presta asistencia a adultos mayores dos veces a la semana, aunque también lava y plancha, pero estos esfuerzos no son suficientes para la joven madre, que apenas logra obtener un promedio de Q1,200 al mes.

La viuda vive con sus padres Adriana Ventura y Pedro Chen, dos adultos mayores de 70 y 66 años respectivamente, además de su sobrina, Mayra, de 19 años. Su situación económica los condena a vivir en la pobreza y al borde de la miseria.

Según la viuda de Mérida, atender las necesidades de sus hijos resulta complicado, pues no tiene un sueldo fijo que le permita “seguir adelante”, a pesar de ello, dice que con todas las dificultades confía en que este año se graduará de enfermera, mientras tanto busca una oportunidad de empleo donde pueda obtener un ingreso estable.

“A veces no tengo para mí pasaje, para ir a las clases -de enfermería-, pero hago el esfuerzo, porque sé que cuando me gradúe voy a darle una vida digna a mis hijos y a mis padres”, indica la entrevistada.

Las secuelas de criminalidad no afectan a una persona, sino a un núcleo familiar, según María Claver, viuda del conductor Gustavo Borrayo, quien fue asesinado en abril de 2010.

Ante las necesidades básicas de la familia, su hijo Eswin, hoy de 20 años, tuvo que dejar los estudios y asumir la responsabilidad de trabajar.

El joven cambió su vida de libros y cuadernos por una de buses y recorridos, luego de que su padre fuera asesinado en un bus con ruta a Santa Elena Barillas.

Al ver afectadas a sus hermanas, que en la actualidad tienen 17 y 10 años y sin el apoyo económico de su padre, Eswin tuvo que buscar un empleo como ayudante de bus, donde devenga un salario de Q1,200 al mes.  El joven ya no vive con su familia, pero colabora semanalmente con su madre y hermanas.

Claver dice que su hijo justifica estar fuera del seno familiar porque quiere estar cerca del predio de buses donde labora. Sin embargo, persiste la duda de saber si realmente superó la pérdida de su padre, especialmente porque trabaja en el mismo ámbito.

La preocupación de María persiste por todos sus hijos. Una de sus angustias es que el próximo año también dejará de recibir los Q300 que obtiene la SBS para sus dos niñas, “agradecería si al menos me ayudan con la niña de 10 años”, agrega. 

La viuda labora como doméstica en una casa donde obtiene un salario de Q800, alquila en una casa en Villa Nueva y su hija de 17 años estudia el diversificado.

De acuerdo con la Asociación de Viudas de Pilotos, alrededor de mil 500 niños están registrados dentro de la organización, pero esto es solo una pequeña muestra, tomando en cuenta que los conductores asesinados tenían entre  uno y ocho hijos, no todos registrados.

MEDIDAS EMERGENTES DE ESTADO

Según una exrepresentante de la SBS, quien pidió no ser citada, unos 420 niños fueron beneficiados en la administración anterior con el proyecto que inició a partir del 2010 y que tenía  como propósito atender a los hijos de los pilotos muertos, mientras sus progenitoras obtenían un empleo y se estabilizaban económicamente.

La fuente entrevistada dijo que mensualmente cada niño recibía Q300, los cuales se depositaban a la cuenta de la madre de familia u otro pariente; al concluir la administración anterior, el apoyo se dejaba a discreción de las nuevas autoridades.

Una entrevista realizada vía correo electrónico a la actual titular de la SBS, Flora Ramos, indica que en 2012 se realizaron 582 egresos de beneficiarios, pues culminó el tiempo establecido de ayuda -dos años-, por fallecimiento, o porque no llenaban los procesos de elegibilidad del programa.

“Estos egresos se han sustituido por nuevos ingresos de beneficiarios, en el proceso de incrementar cobertura con equidad”, dice Ramos en su respuesta.

La funcionaria explica que para los niños que ya no pueden ser beneficiados, por cumplir el tiempo de ayuda, se elaboró una propuesta de apoyo en capacitación a sus madres, con el apoyo de un banco del sistema, el cual se denomina “Mujeres con Responsabilidades en el Hogar”, que tiene como objetivo principal crear capacidades para las mujeres y así darles visibilidad como actoras y sujetos de la construcción del desarrollo del país.

Mientras tanto para los niños existe la posibilidad de coordinar, con el Ministerio de Desarrollo Social, la Bolsa Segura, o becas de estudio.

Según la entrevistada, este año supuestamente, se han beneficiado a 2 mil 923 personas, víctimas de la violencia en el transporte.

Los requisitos para hacer efectiva esta ayuda consisten en la solicitud del potencial beneficiario, evaluación socioeconómica donde se verifica si el piloto de bus fue asesinado durante el desempeño de sus labores; si los niños viven en pobreza extrema y si fueron reconocidos por su padre, entre otros.

SIN CONTINUIDAD

En 2010 la Comisión Presidencial Contra el Femicidio, dirigida por Alba Trejo, buscó asistencia psicológica y médica para varios niños huérfanos, que perdieron a sus padres por causa de la violencia en el transporte público.

Según se indica, se realizaron jornadas de apoyo para este sector de la población, donde los menores fueran atendidos por médicos cubanos y psicólogos en formación de una universidad privada.

En la jornada médica, donde participaron doce galenos extranjeros, fueron atendidos 35 niños, esto fue en junio de 2010; mientras que en un taller psicológico, realizado en agosto del mismo año, se atendieron a 27 niños, a quienes posteriormente los remitieron a centros de psicología donde continuaron con su terapia.

“Los niños mostraron muchos signos como de enfermedades. Las mamás nos explicaban que los niños presentaban dolores de cabeza, algunos tenían manchas en la piel y dolores de estómago; les habían dado medicamentos y había consultas médicas, pero no se curaban. Ellos estaban somatizando la depresión, el trauma que habían vivido y esto fue parte de lo que lograron encontrar los médicos que los trataron, que son cubanos”, dice Trejo.

Según la Comisionada, en su momento, los doctores les dieron medicamentos a los niños que tenían problemas en la piel, además, recomendaron la asistencia psicológica para que cerraran el ciclo de luto que vivieron. Esto resultaba difícil porque algunos menores fueron testigo de la muerte de sus padres.

“Acuérdese que los pilotos acostumbraban llevar a sus hijos en el sillón de atrás o a la par, como una forma de paseo, pero al final estos niños que iban con ellos veían la forma en que sus padres eran asesinados y figúrese ese es un trauma. Así como en los femicidios, muchos de estos niños, incluso, empezaron a mostrar signos de rebeldía en su casa; eso es parte del proceso que no es tratado, la verdad es que somos una sociedad con muchos traumas y que no estamos educados y acostumbrados a visitar psicólogos”, indicó la funcionaria.

Trejo admite que con el cambio de gobierno se rompieron los procesos de apoyo, pero  busca rehacerlos a través de la SBS.

“Ahorita nosotros ya no hemos podido contactarlos, con el cambio de gobierno, el cambio de autoridades, se rompen los procesos y hay que volver a rehacer esa relación y ese mecanismo, afortunadamente hemos mantenido una buena comunicación con la Secretaria de Bienestar Social y hemos estado planteándole retomar el tema en los dos casos, en los niños que sus padres fueron asesinados por extorsiones, pilotos, y los huérfanos de femicidio”, refirió.

AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Rolando Yoc, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), lamenta la falta de políticas públicas para atender a la niñez en orfandad, afectada por la violencia.

“Reconocemos que desafortunadamente al no tener políticas públicas que puedan dar respuesta a ese tipo de situaciones, -los niños- han quedado en un total abandono”, refiere Yoc.

La PDH, fue otra institución que intervino para ayudar a las víctimas de la violencia, sin embargo, el entrevistado reconoce que fueron paliativos para atender la crisis del momento.

“Lo que hicimos fueron las coordinaciones respectivas con la SBS, con el Ministerio de Educación para que les dieran becas –a los niños– para la compra de útiles escolares, logramos que en el Intecap pudieran generarse cursos para que las viudas pudieran obtener un oficio y hasta dos años un estipendio de Q300, esto fue el apoyo, que reconocemos eran paliativos, pero que atendían la crisis, luego del asesinato de esposos y padres de familia”, indica el representante de la PDH.

Según el profesional, la obligación de la institución era evidenciar la “situación lamentable”, por la que atraviesan estas familias, en donde el Estado desafortunadamente no tenía programas visibles para que las viudas fueran autosuficientes y en el momento de la crisis pudieran resolver su situación.