Mucho de lo que originó el conflicto armado interno en que estuvo sumergida Guatemala, continúa latente en la sociedad guatemalteca del siglo XXI, refiere informe.
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La organización Impunity Watch (IW) destaca que si hay en Guatemala un derecho que ha sido constantemente puesto en entredicho e incluso negado a la sociedad guatemalteca desde el final del conflicto armado interno, ha sido el derecho a saber qué fue lo que ocurrió durante el mismo.
Según un análisis realizado por IW, el resultado de esa falta de información es que una parte de la opinión pública considera el análisis del pasado como una distracción de los problemas de la actualidad, “sin considerar que una visión clara de la historia reciente del país permitiría comprender a fondo los problemas que la acucian hoy en día”.
“La negación de la verdad de lo ocurrido durante los más de treinta años de guerra fratricida en Guatemala impide ver con claridad que muchas de las causas que provocaron el conflicto armado se encuentran todavía latentes en la Guatemala del siglo XXI”, enfatizan.
De acuerdo con el análisis hecho por IW, la verdad histórica de lo ocurrido en aquel tiempo tiene una enorme importancia no sólo para preservar la memoria de las víctimas sino también para evaluar y enfrentar los retos a los que actualmente se enfrenta el Estado, pues las causas del conflicto armado siguen vigentes, entre ellas la consolidación de la impunidad, y los riesgos que supone no abordarlas son muy altos.
“Es desde este punto de vista que debe darse lectura a las tensiones sociales y a la consecuente criminalización de la protesta que estamos viviendo hoy en día”, consideran.
DOS RAZONES
Según la entidad, hay dos razones para negar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado interno: La primera, favorecer a los autores de crímenes cometidos en el pasado, “toda vez que el conocimiento de la verdad implica la consecuente exigencia de responsabilidades penales por la planificación, orden, facilitación y/o comisión de atrocidades”.
Mientras que la segunda razón tendría que ver “con un mal entendido patriotismo que aboga por negar el pasado para no dañar el nombre del país a nivel internacional”, así como para evitar las posibles consecuencias que supondría revelar la participación activa de ciertos sectores que habrían participado en violaciones a los derechos humanos.
“Es el miedo, en definitiva, a un juicio histórico que ponga sobre la mesa y clarifique el papel de personas y grupos que aportaron medios para mantener un statu quo que en aquellos tiempos sólo podía ser sostenido mediante el apoyo a la represión indiscriminada contra la población civil”, enfatiza IW.
HAY DIFERENCIAS
A pesar de todo ello, IW destaca que en estos últimos años Guatemala está viviendo un contexto muy diferente al acostumbrado, pues cada vez se evidencian mayores esfuerzos de la sociedad civil organizada, por ejemplo en materia de exhumaciones.
Además refieren que la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, ha apostado por la lucha contra la impunidad en todos sus frentes, incluyendo hechos del pasado, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha lanzado un mensaje claro de respeto y acatamiento a los tribunales internacionales en materia de derechos humanos.
La entidad concluye el informe reiterando que “el derecho a la verdad no es un derecho aislado, sino que tiene una íntima relación con los derechos a la justicia y reparación; la obstaculización de la verdad afecta las posibilidades de no repetición”.
IW es una iniciativa internacional de investigación e incidencia política que busca reducir la impunidad en casos graves de violaciones a los derechos humanos, especialmente en países que emergen de un pasado violento. Su sede está en Holanda y desarrolla programas en Guatemala, Serbia y Burundi.
LOS CASOS DEL PASADO
Dentro los procesos penales por hechos ocurridos durante el tiempo en que el país estuvo en guerra, el Ministerio Público procesa a tres militares retirados por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad: José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, por su presunta responsabilidad en la elaboración y ejecución de los planes contrainsurgentes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83.