Mientras en Estados Unidos la fiscalía ordena la captura del gobernador del Estado de Illinois por actos de corrupción, resulta que en Guatemala el prófugo director financiero del Congreso, cuya firma avaló el traslado de los 82 millones de quetzales, tiene el descarado cinismo de presentar un escrito reclamando sus «prestaciones irrenunciables» por un monto cercano al medio millón. En verdad el problema no lo debemos ver únicamente en la desfachatez de Conde, sino que fundamentalmente en la incapacidad del Estado para someterlo a juicio y sancionarlo.
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Honestamente dan ganas de que el Presidente del Congreso le diga que le van a pagar y lo cite para determinado día y hora, convocando a quienes quieran llegar para que entre todos le puedan dar su merecido a ese sinvergí¼enza. Porque la verdad es que confiar en que se le aplique la justicia es peor que esperar peras del olmo y el ejemplo que da este descarado es un incentivo para que otros largos se apropien de lo que no les corresponde.
En materia de corrupción, con todo y mi permanente oposición a la pena de muerte, creo que no hay ejemplo más edificante que el que dio China cuando fusiló al ministro que se había embolsado dinero del pueblo. Y es que si algún crimen es de lesa humanidad es el robo de los caudales públicos en países que tienen tantas necesidades como Guatemala y por lo tanto las penas que se imponen debieran ser ejemplares y draconianas.
Ahora que estamos viendo que hay una iniciativa para castigar el enriquecimiento ilícito y el delito que cometen los testaferros que prestan su nombre para que otros hagan negocios, no deja de dar risa la sanción propuesta porque una condena de cinco años de cárcel termina siendo reducida ya sea por redención de penas o por conmuta de la condena. Pasar unos cuantos meses en prisión para gozar luego de sumas como los 82 millones de quetzales no deja de ser un buen negocio y eso suponiendo que algún fiscal haga un trabajo más o menos aceptable para lograr la condena. Los casos de funcionarios de tiempos de Portillo que ya se han beneficiado de la redención de penas son ilustrativos de cuán fácil es salirse con la suya aun en el remoto caso de que alguien sea condenado a prisión.
Y estamos hablando de dinero que se le resta a la capacidad del Estado para invertir en seguridad y por lo tanto, a causa de esa corrupción, aumenta el número de muertos en el país. Es dinero que se le resta al Estado para inversiones en el tema de la justicia y por ello tenemos tan abrumadora impunidad. Lo que se embolsan los sinvergí¼enzas es dinero que se deja de invertir en educación y salud, condenando a buena parte de nuestro pueblo a vivir en condiciones verdaderamente miserables.
El funcionario corrupto no tira del gatillo de un arma de fuego, pero eso no significa que con su corruptela no esté matando a mucha gente y por lo tanto el castigo tiene que ser mucho más severo de lo que contemplan no sólo las leyes vigentes sino las que se proponen para el futuro. Si en algún delito yo estaría dispuesto a aceptar como excepción la pena de muerte es en los casos de corrupción porque mientras no existan sanciones ejemplares y no se apliquen a los pícaros, imposible contener esa ola de latrocinio a que se somete desde tiempos inmemoriales al erario.