El Ministerio de Relaciones Exteriores prepara la estrategia que Guatemala presentará en el proceso jurí­dico sobre el diferendo territorial con Belice, para ello tiene facultado gastar hasta Q10 millones en contrataciones de bienes y suministros.

Con el fin de estar preparados para la batalla legal ante la Corte Internacional de Justicia, (CIJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala quedó facultado para que, a partir de mañana, pueda comprar bienes, suministros y servicios, y gastar en ello hasta un máximo de Q10 millones.

Con el Acuerdo Gubernativo 258-2009, publicado hoy en el diario oficial, se autoriza a la Cancillerí­a para que, bajo su responsabilidad y sin obligación de licitar ningún tipo de contratación, utilice estos recursos para preparar una posición jurí­dica y la argumentación que permitan obtener un logro significativo en este proceso.

A decir del canciller Haroldo Rodas, la Comisión de Belice, encargada de velar por los asuntos relacionados con este paí­s, se está preparando en la parte administrativa con la creación de estructuras y estrategias confiables que permitan presentar datos concretos ante la CIJ.

CONSULTA POPULAR

«Como en todo proceso en que se involucra al territorio guatemalteco, los ciudadanos deben ser consultados», así­ lo indicó Rodas, por ello, se está a la espera de que el Congreso de la República apruebe y posteriormente someta a una consulta popular si se presta, o no, ante la CIJ, este caso.

Esta consulta popular deberá efectuarse de manera simultánea en ambos paí­ses, pues así­ quedó establecido en el Acuerdo Especial firmado con anterioridad.

ANTECEDENTES

El Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice, para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marí­timo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, fue firmado el ocho de diciembre de 2008 en la sede de la Organización de Estados Americanos y teniendo como testigo de Honor a su Secretario General, José Miguel Insulza.

A decir de la propia Cancillerí­a, Guatemala presenta una «enorme» ventaja, pues se presenta ante la CIJ como un Estado moderno, que busca resolver un diferendo territorial complejo de manera civilizada, acudiendo al órgano judicial más adecuado y aceptando su jurisdicción de mutuo acuerdo con la contraparte.