Mañana se cumple el primer año y medio de la presidencia del ingeniero ílvaro Colom y ahora, más que antes, se puede intentar ya un balance de su gestión en los temas cruciales que interesan a la población. Creemos que cuatro son los aspectos elementales que deben analizarse y son la seguridad ciudadana, la situación económica del país, los temas de cohesión social y la corrupción sistémica que sufre Guatemala.
Evidentemente en seguridad ciudadana estamos mal porque el número de víctimas mortales sigue en aumento y la ausencia de políticas claras y coherentes se refleja en el juego de sillas musicales que se ha aplicado a la crucial cartera de Gobernación. No hay plan ni noción de cómo enfrentar un problema que, lamentablemente, nos está costando vidas todos los días, en un promedio que supera a la cantidad de un muerto cada dos horas en Guatemala por efecto de la violencia, cifra que deja corta la espeluznante estadística del conflicto armado interno.
En el campo económico el país va como el cangrejo no sólo por el efecto de la crisis mundial, sino por la incapacidad de los cuadros de gobierno para entender la dimensión del fenómeno y su impacto en nuestra frágil economía. La caída de ingresos tributarios y el problema fiscal no fueron previstos por las lumbreras que dentro de poco serán premiadas con una especie de ascenso al encargarse de la futura administración del Banco de Guatemala.
El motor del Gobierno ha sido, indudablemente, la esposa del Presidente que tiene claras sus metas y ambiciones y que ha dedicado su empeño a los programas de cohesión social no sólo como instrumento de combate a la pobreza, sino de proyección política. Es, aparentemente, lo único que funciona dentro del Gobierno porque tiene cabeza y capacidad ejecutiva, mientras que el resto de la administración da más tumbos de los acostumbrados por ausencia de liderazgo, plan y claridad.
En materia de corrupción no existen cambios con respecto a la estructura diseñada y plasmada para facilitar los trinquetes. Si algo ha cambiado es la descarada actitud de los financistas de campaña que no se limitan al tráfico de influencias ya tradicional, sino que asumen posiciones desde las que ellos mismos pueden decidir, dirigir y ejecutar los negocios que más les interesan. Pocas veces se había visto tal desfachatez para cobrar las facturas políticas de campaña como en este gobierno que renunció al recato y lo hace de manera abierta, a las claras.
De suerte que a la hora del balance en el primer año y medio, tenemos que decir que aun con los nubarrones sobre transparencia, el tema de cohesión social es lo único que tiene aspectos positivos para el Gobierno. En todo lo demás, no sólo no avanzamos, sino que vamos en franco y declarado retroceso.