La primera, firmada el 12 de diciembre de 2007, donde el ente rector en materia constitucional declaró procedente el amparo interpuesto por íngel Aní­bal Guevara, uno de los militares denunciados ante la Audiencia Nacional de España por crí­menes de genocidio.

La segunda resolución fue emitida el 5 de diciembre del año en curso por esa misma corte, que ordenó la inmediata libertad de Marco Antonio Sánchez, ex comisionado militar (1981) de la aldea El Jute, Chiquimula, señalado de la desaparición forzada de siete personas en esa región.

Ambas resoluciones no tienen en común sólo la fecha en la que el tribunal constitucional resolvió los procesos, sino la lí­nea en la que la CC, en particular, y la justicia nacional, en general, se han pronunciado en cuanto a los procesos abiertos en el paí­s por los crí­menes del conflicto armado interno.

Ambas resoluciones lesionan la integridad de miles de ví­ctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su mayorí­a por el Ejército guatemalteco.

Además, ambos fallos ensombrecieron la conmemoración del Dí­a Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y pusieron de manifiesto, una vez más, la confabulación institucional favorable a la impunidad en torno a esos crí­menes.

En los dos casos, como en muchos otros, han sido entidades ajenas al Ministerio Público (MP) quienes han fundamentado las denuncias ante los órganos de justicia y aportado las pruebas para que los responsables sean castigados.

El silencio de la, casi invisible, fiscalí­a de Derechos Humanos, ha sido severo en la mayorí­a de casos que «investiga», ya que la entidad no se pronunció sobre ninguno de los citados fallos.

Las resoluciones de la CC amparan a la cúpula de poder que más violencia y retraso social y polí­tico ha generado en el paí­s, y desampara a las ví­ctimas y sobrevivientes de los más perversos crí­menes perpetrados por el poder militar durante los 36 años de guerra.

Con esas y otras resoluciones, el sistema de justicia nacional plantea una tendencia: olvidar, dejar que el pasado pase sin más.

Pero la memoria de las ví­ctimas sigue vigente: «los soldados y patrulleros ingresaron en la comunidad, a las 6 horas (…), le dije que yo tampoco me irí­a con él, si no llevaba a mi hermano (…); entonces, el patrullero, con un lazo, lo ahorcó; después, lo agarró de los pies y lo somató contra las piedras «, (Jesus Tecún, sobreviviente del genocidio en su declaración ante el Juez Undécimo en abril de 2008); y mientras Tecún y miles de hermanos puedan recordar esas oscuras escenas criminales, la lucha por la justicia y las demandas por la garantí­a y vigencia de los derechos humanos de todos y todas, seguirá firme. No queremos y no vamos a olvidar.