No puedo más que envidiar la visión polí­tica que tuvieron los españoles cuando en su oportunidad permitieron que su legislación contemplara que el Presidente del gobierno pudiera adelantar las elecciones a lo previsto por diversas circunstancias, especialmente cuando el mandatario se percata que al hacerlo, puede traer favorables consecuencias para su paí­s. Algo similar debiéramos tener en nuestra legislación, imitando a paí­ses más democráticos que permiten al pueblo ejercer su soberaní­a, incluso para revocar el mandato conferido al Presidente, siempre y cuando se satisfagan determinadas normas como por ejemplo, cuando se demuestra que el mandatario, habiendo pasado la mitad de su perí­odo haya sido evidente su incapacidad, ineficiencia, como tantas causas más que ameritaran relevarlo.

La semana pasada el actual presidente de gobierno español, José Luis Rodrí­guez Zapatero, tuvo que adelantar el término previsto para finalizar su mandato en marzo de 2012, haciendo que los comicios electorales se realicen el 20 de noviembre de 2011, lo que permitirá que desde los primeros dí­as del año siguiente, quien salga electo, podrá emprender de mejor manera la tan ansiada recuperación económica que el pueblo español ha venido demandando, por atravesar una crisis que ha llevado, entre otras cosas, a que el í­ndice del desempleo llegara al 21%.

    Si al presidente Colom el pueblo le hubiera revocado el mandato conferido por lo menos un año y medio atrás, no estarí­amos pasando ahora la tormenta que ha provocado su incapacidad de gobernar el paí­s, ni hubiera permitido que doña Sandra siguiera derrochando los fondos públicos en su personal campaña presidencial, mucho menos, continuar socavando los cimientos de nuestra democracia, hasta provocar que sus correligionarios expresen frases abiertamente amenazadoras, aparte de hostiles y notoriamente delictivas, como las escuchadas el viernes pasado frente a la Corte Suprema de Justicia de: “si no hay inscripción, habrá revolución”.

    Nuestra vida polí­tica anda de cabeza por la falta de carácter, flojera o buena voluntad de la población lo que ha permitido retomar las malas experiencias del pasado. Al permitirse la reelección provocó colocar cemento epóxico en las curules de diputados, en las sillas edilicias y si no fuera por la correcta aplicación de nuestras leyes por 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a estas horas estarí­amos lamentando que, quien vení­a dirigiendo el Organismo Ejecutivo, pudiera aspirar a seguirlo haciendo por cuatro años más.

    Tal pareciera entonces que hubiéramos dejado en manos de los polí­ticos la totalidad de las decisiones, incluso las trascendentales para conducir correctamente los destinos del paí­s. Eso no debe, ni puede seguir así­. A nadie más que al pueblo le corresponde enmendar los pasos equivocados. Vivimos quejándonos de la inoperancia del Congreso, de la parcialidad de algunos fallos judiciales, de la corrupción e impunidad sin lí­mites y no digamos de la monumental incapacidad del Ejecutivo, ¿pero qué hacemos para cambiar todo ello? ¡Nada! No pasamos de la continuada queja y lamento.