Hace varios meses, cuando se anunció el inicio de las reuniones entre empresarios, trabajadores y autoridades para decidir el salario mínimo, dijimos que no había acuerdo y que al Presidente le tocaría tomar la decisión que no dejaría contentos ni a unos ni a los otros y así ha ocurrido. En efecto, las diferencias entre lo que pedían los trabajadores y lo que ofrecían los empresarios fue de tal magnitud que era imposible alcanzar entendimientos, pero al mismo tiempo los indicadores de inflación en Guatemala durante el último año fueron tan elevados que se imponía un ajuste por lo menos para compensar ese factor.
El aumento acordado ayer es modesto en comparación con la inflación, lo que permite suponer que no dejará satisfechos a los trabajadores, pero lo suficientemente alto como para que cause molestias al sector empresarial, lo que confirma nuestra afirmación de que no se quedaría bien con nadie. La indexación del salario debiera ser una norma elemental que forme parte de políticas nacionales para crear certeza entre los empleadores y trabajadores de que anualmente se tendrá que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y ello sin necesidad de negociaciones ni acuerdos que pesen sobre los hombros de nadie.
En cambio, los ajustes al salario mínimo no sólo debieran tener ese componente automático, sino establecer otros medios de evaluación, incluyendo la productividad, para irlos ajustando a la realidad nacional. Y es que no es lo mismo un aumento al salario mínimo que el ajuste a realizar de manera que se compense la inflación. Son dos cosas distintas y eso lo debiéramos entender en el país para evitar este tipo de controversias.
Es inaudito que en el caso de la indexación del salario, que es su ajuste por la inflación interanual, haya debate. Eso debiera ser automático porque es injusto que el trabajador pierda poder adquisitivo por efectos de la inflación que puede tener causas locales e importadas. El mismo empleador se vería obligado a ser menos voraz en cuestión de precios a efecto de no contribuir a inflar la economía si sabe que eso le costará aumentos que se aplicarán a todos los trabajadores y no únicamente a los que ganan el mínimo.
Estos, los que apenas tienen ingresos para cubrir sus necesidades vitales, tienen derecho a un ajuste con otros criterios para mejorar su nivel de vida. Así es como debiera fijarse una política salarial coherente tomando en cuenta las volatilidades de la economía y que tiende a la inflación pero puede también sufrir deflación.