El rumor de que la rehén de las FARC Ingrid Betancourt fue vista en grave estado de salud se tornó en un calvario para aquellos que terminaron relacionados con sus apariciones en Guaviare, una región del sur de Colombia donde la guerra sigue a flor de piel. Las versiones se resumen en dos episodios: uno, que Betancourt fue sacada de la selva y llevada a tres puestos de salud en febrero ante complicaciones por hepatitis B y leishmaniasis; el otro, que un campesino estuvo en contacto con ella el 23 de marzo y le tocó la mano.
De ambas informaciones da fe el padre Manuel Mancera, párroco de La Libertad, una aldea del municipio de El Retorno (450 km al sureste de Bogotá), quien asegura que la política franco-colombiana fue atendida en el poblado de El Capricho durante una noche entre el 15 y el 20 de febrero.
Mancera sostiene que los guerrilleros llegaron hasta ese caserío de la capital, San José, porque en los otros no había medicinas. «Iban vestidos de civil», cuenta, y añade que la dirigente ya no estaría en un campamento sino en una finca de la zona.
Las versiones sobre una atención de urgencia a Betancourt, de 46 años y secuestrada hace seis, fueron confirmadas por el defensor del pueblo Vólmar Pérez.
El sacerdote, al igual que algunos pobladores, también da cuenta del encuentro entre Betancourt y un campesino en el área rural de El Retorno.
«Según me cuenta (el testigo), está muy débil y profundamente deprimida, no habla con nadie, pareciera que se le acabó la ilusión de vivir. Está en riesgo de muerte», dijo.
Pero esas revelaciones se le convirtieron a Mancera en una cruz, pues su obispo le ordenó callarse y recibe críticas de sus propios colegas, que lo tachan de imprudente, y moradores temerosos de represalias.
«Si ella muere, me quedaría el dolor de haber callado», se defiende el cura, quien canceló su teléfono celular sospechando que esté interceptado y cuya casa permanece vigilada por el Ejército.
La situación también alteró la vida del médico, la enfermera y el conductor de la ambulancia de El Capricho, quienes fueron interrogados por militares, policías y fiscales.
Sin dar explicaciones, el doctor viajó y no ha vuelto, y sus dos colaboradores pidieron traslado.
«Estamos asustados porque corremos peligro. El Ejército presionó a la enfermera advirtiéndole que la sometería al polígrafo», cuenta un lugareño.
En las últimas horas trascendió que un hombre que vio cuando Betancourt era asistida abandonó la localidad, y que el campesino que la encontró está temeroso.
A los pobladores les preocupan las represalias oficiales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, según ellos, mantienen un control fuerte en Guaviare pese a la ofensiva de unos 7 mil militares y policías.
Un dirigente campesino señaló que desde comienzos de marzo aumentó el pie de fuerza en el departamento, donde además se denuncia actividad de paramilitares de ultraderecha y hay presencia esporádica de asesores estadounidenses.
«Nos perjudican porque pueden venir amenazas y desplazamientos. Además, nos dejaron sin médico», declaró un comerciante, quien como varios de sus vecinos asegura no haber visto a Betancourt.
Según el padre Mancera, se impuso la ley del silencio. «Todos saben, pero todos callan», afirma, aunque un militar respalda su versión agregando que las FARC aprovecharon el cese temporal de operaciones con motivo de la liberación, el 27 de febrero, de cuatro rehenes para asistir a Betancourt.
Los rumores también generaron perturbación el 22 de marzo, cuando las fuerzas de seguridad revisaron uno por uno los cuartos del hospital de San José tras recibir una llamada que advertía sobre la presencia de la política en ese lugar.
Esta circunstancia se suma a la precaria situación económica de una región que durante años subsistió gracias a los cultivos de coca, erradicados en el último lustro por el gobierno del presidente ílvaro Uribe.