La consternación por los actos vividos en Totonicapán en esta semana hace que Guatemala recuerde tristemente su historia durante el conflicto armado interno y aunque las autoridades de gobierno no quieran admitirlo, el fantasma de esa oscura etapa del país ronda para quienes anhelan una convivencia en paz.

Es necesario entender más allá de las consecuencias que se tuvieron para la pérdida de vidas y las personas que fueron heridas durante el momento de crisis, aunque estas fueron terribles; saber la razón del porqué los manifestantes estaban apostados en la vía pública en plena protesta.  No es posible hacer caso omiso a una invariable situación de inexistencia del diálogo entre la población y sus representantes, esto a pesar de que existen vínculos directos creados especialmente para ello; no se comprende igualmente, que un grupo tan dominante como los cantones de Totonicapán no sean parte de una acción estratégica de inclusión por el Estado.  Tampoco es posible pensar que no se atiendan las múltiples necesidades de estos grupos, y que por ello se les obligue a tener que bloquear carreteras y hacerse notar ante los ojos de la sociedad, para ganar espacios de incidencia pública.  Esas razones, por sobre todo, deben ser atendidas por las autoridades y una vez el nivel de conflictividad haya mermado, atenderlas de forma estratégica e inmediata, en todo el país.

Esta ausencia de diálogo, o quizá intentos del mismo sin resultados positivos, refleja no sólo desde el punto de vista gubernamental su ineficacia, sino también desde los grupos sociales organizados, que ven como su alternativa a una negociación pacífica, un proceso de conflictividad al bloquear rutas de acceso vitales para la economía del país, vulnerando con ello la locomoción de otros cientos de guatemaltecos que por razones de trabajo requieren de vías expeditas de tránsito a nivel nacional.  Por ello, alcanzar acuerdos y tener una comunicación constante, misma que debe ser armónica y coordinada por ambas partes involucradas -teniendo al propio Estado como un común denominador- debe manifestarse expresamente y con visión clara de solventar las necesidades económicas y sociales del país, lo que conllevará a evitar otro tipo de conflictividad como la que se vivió en los recientes días. 

A pesar de todo ello, es recomendable para las autoridades encargadas de la seguridad pública, una revisión básica de sus protocolos para este tipo de conflictos, en donde es cuestionable el envío de camiones del Ejército de Guatemala para que llegaran en apoyo de la Policía Nacional Civil, aunque se explique que no llegaban armados, pues la solo presencia del uniforme militar, hace resurgir recuerdos y miedos innecesarios para la ocasión.

Pero alcanzar ese nivel de paz social, evitando el surgimiento de nuevos conflictos  debe, por ahora, esperar a un tema de coyuntura más importante: la Justicia, valor fundamental que merece un espacio notorio para esta situación vivida y que deberá ser la prioridad uno de todas las autoridades gubernamentales y sociales, puesto que un proceso de justicia bien llevado, que incluya una averiguación plena de los hechos y la determinación clara de los responsables, con su respectiva sanción, logrará prevenir un tanto, otros aspectos que se conocen llenan de vacío a la propia sociedad, como el rencor, la polarización y la sed de venganza. Guatemala necesita paz, y eso solo se alcanza con procesos de diálogo y mecanismos de justicia, pronta y cumplida.