Desde 1987 hasta la fecha, los gobiernos han propuesto diálogos con los distintos sectores de la sociedad para fomentar consensos y resolver los problemas nacionales, pero lamentablemente ninguno ha dado los frutos deseados, siempre se ha terminado imponiendo la agenda gubernamental.
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Aunque dichas experiencias hayan tenido desgaste, el nuevo gobierno propone la necesidad de un Diálogo Nacional, la cual es una decisión correcta para encarar tanta problemática y buscar solucionarla. Previo a los preparativos, las nuevas autoridades deberán demostrar voluntad y capacidad de convocatoria, presentando a los operadores políticos que estarán a cargo de las mesas de discusiones que conocerán las necesidades de las familias urbanas y rurales.
En el Diálogo es necesario abordar el Pacto Fiscal, Desarrollo Rural Integral, Pueblos Indígenas, Inseguridad Ciudadana, Servicios de Educación, los Conflictos Agrarios, la Crisis Energética y la Protección Ambiental. Esta gama de propuestas deben centralizar sus acciones en la aprobación urgente de la Ley de Desarrollo Rural Integral para erradicar la pobreza, desnutrición crónica, migración humana, desempleo y la violencia social.
En un país donde la distribución de la riqueza es desigual, deberá atenderse con madurez las demandas de las autoridades locales, permitiendo al gobierno descentralizar sus funciones y viabilizar la participación de los sectores organizados para frenar los problemas a corto, mediano y largo plazo. Independiente de la situación macroeconómica del país, las familias indígenas y campesinas necesitan soluciones concretas a cientos de conflictos agrarios, incumplimiento de los derechos laborales y apoyo para obtener alimentación de subsistencia.
Luego de lograr acuerdos por los distintos sectores (sindical, empresarial, campesinos, académicos y partidos políticos), es necesario traducir los resultados en iniciativas de ley, obligando a los diputados aprobarlas a corto plazo, especialmente un pacto fiscal que permita al Estado contar con más recursos para cumplir sus fines a favor de los ciudadanos. En aras de convertir este llamado en un ejercicio democrático, dependerá del gobierno garantizar la continuidad de los acuerdos políticos a los que se comprometió en la campaña electoral y llevar a la práctica el discurso de toma de posesión, ello conllevaría al sector empresarial a gritar su desacuerdo, pero debe entenderse que el bien común prevalece sobre intereses particulares o sectoriales.
La participación de la sociedad civil para impulsar proyectos necesarios y coherentes, será para privilegiar a los «Sin oportunidades» y de esa forma se logrará la conciliación nacional que anhelamos, contrario al interés de implementar políticas beneficiosas a favor del sector económico.
Para garantizar una gestión comprometedora y cercana a la realidad del país, el nuevo gobierno debe evitar la malversación de fondos, los aprovechamientos personales y el nepotismo; así como revisar a profundidad la gestión del anterior gobierno, sobre la cual hay fuertes indicios de sobre valoración de obras de infraestructura. En caso se comprueben dichas anomalías, los ex funcionarios deberán ser llevados ante la Justicia. Es ahora o nunca…