Un problema difí­cil ha significado para la PDH reunir a más de una asociación o cooperativa de transportistas de pasajeros de rutas cortas y a usuarios, con el objetivo de llegar a un acuerdo que pueda salvar a ambos de la trampa del elevado precio del diésel y otros derivados del petróleo que impiden fijar una nueva tarifa sin que haya reacción de rechazo mezclado con violencia.

Ejemplos hay desde marzo pasado, en San José Pinula, Chinautla, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, Amatitlán, Palencia, San José del Golfo, municipios donde los inconformes han limitado la libre circulación, colocando barricadas incendiarias y situándose al borde de mayores consecuencias que ponen la vida en peligro.

Como signo de buena voluntad, 16 alcaldes de los 17, que forman el departamento de Guatemala, una representación del Ministerio de Comunicaciones, lí­deres de sindicatos y de usuarios se reunieron el viernes último con el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, pero faltó el ingrediente más importante: los transportistas.

A pesar de la falta de presencia, necesaria para conseguir un diálogo civilizado, digno y de altura que permita encontrar una salida sin violencia, quienes asistieron dieron a conocer que lograron arribar a algunos puntos de seguimiento para esta semana.

Poner los pies sobre la tierra, estar concientes de que no hay autorización para aumentar los precios del pasaje, se formó una comisión para verificar que los precios por boleto no van a aumentar hasta no agotar el diálogo, efectuar un llamado a la población para evitar las medidas de hecho, conseguir que los transportistas asistan y nuevas reuniones para evaluar las tarifas tope y analizar hasta dónde es posible dar ví­a libre o evitar incrementos.

El reto a partir de hoy, es que el usuario y los transportistas acepten nuevos precios en las rutas cortas intermunicipios, que en su mayorí­a transportan pasajeros desde las ciudades dormitorio hacia la capital, considerada centro de la mayor cantidad de fuentes de empleo formal e informal.

Contabilidad difí­cil

Los últimos censos nacionales, XI de población y VI de habitación realizado en 2002, mostraron cifras definitivas, que seis años después sin dudar, han cambiado. Pero para fines de ilustración del problema del transporte marcan la cantidad de personas que habitan en cada municipio, y que probablemente en su mayorí­a necesiten utilizar el servicio público de pasajeros.

Así­ el departamento de Guatemala, es el que cuenta con mayor registro oficial de población en el paí­s, apunta 2 millones 541 mil 581 habitantes y la cifra de viviendas es 619 mil 636.

De los 17 municipios, la población de Guatemala concentra a la mayorí­a de personas, 942 mil 348; Mixco sigue con el mayor número de población, 403 mil 689 habitantes. Villa Nueva, 355 mil 901 personas; San Juan Sacatepéquez, 152 mil 583 residentes; Villa Canales, 103 mil 814 habitantes; Petapa, 101 mil 242.

Chinautla 95 mil 312; Amatitlán 82 mil 870; Santa Catarina Pinula, 63 mil 767; Palencia, 47 mil 705 habitantes; San José Pinula 47 mil 278; San Pedro Ayampuc, 44 mil 996; San Pedro Sacatepéquez, 31 mil 503; Fraijanes, 30 mil 701; San Raymundo, 22 mil 615; Chuarrancho, 10 mil 101 y San José del Golfo, cuenta 5 mil 156 habitantes.

El ritmo de crecimiento oficial, que marcó el último censo de 2002 y su diferencia con el de 1994 fue de 727 mil 756 habitantes, al hacer el cálculo hacia 2008, es posible que ahora haya más de 3 millones 269 mil habitantes en los 17 municipios.

Entonces, un número aproximado de 727 mil 756 personas más pueden estar demandando servicio, pero no hay un dato oficial de cuántas empresas o cooperativas y número de unidades ofrecen el servicio a los pasajeros, y, con la ausencia de los transportistas al diálogo, la contabilidad es difí­cil para lograr acuerdos, opinan las partes interesadas en llegar a un acuerdo.