La posibilidad de integrar a los talibanes en el gobierno para poner fin a más de nueve años de guerra comienza a tomar cuerpo en Afganistán, pero algunos analistas, sobre todo occidentales, temen que esta paz se haga en detrimento de los derechos humanos.
Cuando el conflicto parece encaminarse cada vez más hacia un atolladero, y los rebeldes provocan pérdidas más numerosas a las tropas afganas e internacionales, los occidentales -enfrentados también a opiniones públicas hostiles a la intervención – buscan una salida honorable.
Comandantes militares, responsables gubernamentales, diplomáticos y expertos llegan a la misma conclusión: conversaciones directas con los talibanes son indispensables para poner fin a más de nueve años de guerra.
Es el objetivo del nuevo Alto Consejo para la paz instaurado recientemente por el presidente afgano Hamid Karzai, llevado al poder y apoyado por los occidentales desde fines de 2001.
Según el presidente de este Alto consejo, el ex jefe de Estado Burhanuddin Rabbani, los talibanes habrían mostrado una cierta «voluntad» de dialogar con el gobierno.
Desde hace ya tiempo, los rebeldes preparan una eventual vuelta al poder. En varias provincias, los talibanes han creado estructuras paralelas -con gobernadores, jueces civiles y policías- , una especie gobierno «fantasma» que administra de hecho los asuntos generales.
Pero la consecuencias de retorno al poder, incluso parcial, de los talibanes provocan desde ya inquietud entre los occidentales, que denuncia sus atropellos de los derechos humanos cuando estaban en el poder en Kabul (1996-2001).
La organización estadounidense Institute of Peace advierte así que «un acuerdo podría amenazar los derechos humanos y las libertades, en particular los de las mujeres, así como el proceso de democratización».
Ciertos expertos subrayan que tal diálogo colocaría a los talibanes en posición de fuerza en la mesa de negociaciones. Tanto más cuanto que el gobierno cuenta ya en su seno elementos con «radicales» que verían bien la llegada de los talibanes, según el politólogo afgano Harún Mir.
«Si hay un gobierno de coalición, será una coalición de radicales de ambos bandos, que cambiarán la Constitución», estimó el politólogo.
Grupos de defensa de los derechos de las mujeres temen que el presidente Karzai sacrifique esos derechos en nombre de la reconciliación y de la paz, subrayando que el régimen talibán fue brutal con las mujeres, que no estaban autorizadas a ir a la escuela y ni siquiera podían salir sin estar acompañadas por un pariente.
Si vuelven al poder, «perderemos muchos de los logros obtenidos en los últimos años, como la libertad de expresión, y los derechos de las mujeres y de las minorías serán cuestionados», subrayó Harún Mir.
Wadir Safi, profesor de Ciencias Políticas de la universidad de Kabul, destacó por el contrario que el retorno de los talibanes no significaría necesariamente un retroceso de los derechos adquiridos desde 2001, sobre todo en las ciudades.
«Los talibanes de hoy no son los que eran en 1996. Han aprendido mucho, también hay elementos moderados entre ellos, opuestos al radicalismo», estimó el profesor.
«Por cierto exigirán cambios en la constitución, lo que de mi punto de vista no está mal. La corrupción es generalizada, hay pobreza y otros problemas, por lo tanto se necesitan cambios», concluyó.